La nueva causa ha sido presentada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 y ha comenzado a avanzar tras la intervención de la Fiscalía Federal N° 1, liderada por Ramiro González, que investigará ciertas transacciones comerciales y movimientos financieros relacionados con el conflicto. Este expediente, identificado como CFP 5435/2025, se originó a partir de una denuncia formulada por Luciana Govoni en representación de Fecovita.
Un aspecto clave desde la perspectiva judicial es que la Fiscalía ha precisado que, dada la naturaleza y el estado actual de la investigación, aún no resulta pertinente imputar formalmente a ninguna persona hasta que se disponga de nuevos elementos que permitan identificar a los eventuales responsables de una conducta delictiva. Así, aunque la denuncia menciona a Juan José Retamero Gómez y Guillermo Daniel García como implicados, la pesquisa federal se halla todavía en una fase de producción y análisis de pruebas.
En su denuncia, Fecovita ha acusado a Retamero y García de lavado de activos, según establece el artículo 303 del Código Penal, así como de utilizar balances falsos. Según el requerimiento fiscal, la Federación argumenta que detrás del vínculo comercial se habría urdido una maniobra destinada a perjudicarla económicamente, y que la rescisión de contratos habría interrumpido un esquema de operaciones que, a juicio de los denunciantes, podría estar relacionado con el lavado de dinero.
La hipótesis expuesta se centra, entre otros aspectos, en movimientos entre diversas entidades del grupo empresarial, así como en aumentos y modificaciones del capital, transferencias desde el exterior y deudas intragrupo. Fecovita ha manifestado ante la Justicia que ciertas transacciones podrían haber servido para justificar ingresos de fondos y posteriores movimientos entre empresas vinculadas.
La Fiscalía ha registrado estos hechos como parte de la denuncia, aunque la investigación no ha validado todavía dicha hipótesis. Por el contrario, el fiscal González enfatizó que debe delimitarse el objeto de la pesquisa y evitar una indagación indiscriminada sobre el patrimonio y las actividades de las partes involucradas. Es importante señalar que la causa federal no implica, hasta el momento, una conclusión judicial sobre la existencia de lavado de activos; se trata de una investigación abierta para determinar la relevancia penal de las operaciones relacionadas con el conflicto entre Fecovita y las empresas denunciadas.
Por su parte, desde Aisa Group han rechazado estas acusaciones, subrayando que, en la actualidad, “no existe ninguna persona imputada” en relación con la causa. La empresa ha argumentado que Fecovita cuestiona fondos que, según su propia versión, habían sido considerados legítimos al momento de ingresar al negocio. “¿Cómo pueden ser sospechosos hoy los mismos fondos que ella calificó de lícitos cuando se los llevó?”, se preguntó la compañía, que aseguró que las operaciones fueron realizadas dentro del sistema financiero formal y que aportará a la Justicia la documentación necesaria para comprobar la trazabilidad de los recursos.
El conglomerado empresarial, que también incluye a Minas Argentinas y a la pesquera Cabo Vírgenes, cuestionó que la denuncia relacione operaciones a través de Contado con Liquidación con un supuesto origen ilícito de los fondos. A su entender, la utilización de dicho mecanismo no convierte automáticamente al dinero en ilegal y recordó que en actas internas de Fecovita se habría catalogado la operatoria como “lícita, ética y moral en todos sus aspectos”.
Aisa Group sostiene que la nueva denuncia debe enmarcarse dentro del prolongado conflicto comercial y judicial entre las partes y considera que la acusación busca desacreditar públicamente al grupo. Además, ha anticipado que, en caso de generar perjuicios, podría promover nuevas acciones por daños y perjuicios.
En un comunicado, la empresa rebatió la acusación, aclarando que Fecovita presentó la denuncia sin especificar cuál podría ser el delito cometido, ni explicar por qué los fondos cuestionados serían ilícitos. Argumentaron que los fondos implicados son los mismos que Fecovita retiró de EVISA y que no devolvió, lo que ha dado lugar al conflicto comercial en curso. A su ingreso al negocio, Fecovita declaró en sus actas que los fondos eran lícitos y que habían ingresado al país mediante mecanismos permitidos y con las certificaciones requeridas.
Como paso previo a la acción penal, la Fiscalía solicitó información a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre posibles antecedentes y reportes de operaciones sospechosas relacionadas con Retamero, García y varias sociedades, entre ellas, Exportadora Vitivinícola SA (Evisa), Inver SA, Minas Argentinas SA, Cabo Vírgenes SA, Isber LLC y Eris LLC —anteriormente Word Wine Trading LLC—.
Con los informes obtenidos, se considera pertinente profundizar la investigación sobre operaciones realizadas durante 2021, 2022 y 2023 que tuvieran una relación directa con Fecovita y los denunciados. Entre los movimientos bajo examen figuran transferencias por más de $1.027 millones acreditados en una cuenta de Exportadora Vitivinícola SA en el Banco Galicia durante 2022; ingresos por $198,6 millones en una cuenta de la misma firma en Banco Macro; créditos y débitos por cuantiosas sumas en Banco Coinag; y operaciones con cheques de terceros y rescates de fondos comunes de inversión en Banco Supervielle.
La Fiscalía ha solicitado obtener la documentación respaldatoria que permita reconstruir los movimientos, identificando, entre otros aspectos, a quienes participaron en las transferencias, depósitos, extracciones y operaciones con cheques. También ha requerido a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) información sobre las transacciones de comercio exterior de Evisa, su situación en los registros correspondientes y posibles inspecciones o fiscalizaciones realizadas sobre la empresa.
Una de las novedades recientes del caso se produjo el 24 de agosto, cuando el juez federal Daniel Rafecas ordenó el levantamiento de los secretos bancario, fiscal y bursátil sobre Retamero, García y las sociedades implicadas en la investigación tras una solicitud de la Fiscalía. En su resolución, el juez determinó que la información protegida por esos regímenes de confidencialidad está directamente relacionada con el objeto de la investigación y que su acceso facilitará un análisis más preciso de las operaciones comerciales y los movimientos financieros atribuidos a las personas y entidades denunciadas. Por lo tanto, consideró que la medida era pertinente y esencial para el esclarecimiento de los hechos.
No obstante, esta decisión judicial no implica, por sí misma, una determinación de responsabilidad. Lo que permite es el acceso a información que hasta ahora estaba sujeta al secreto bancario, fiscal y bursátil, con el fin de que la Fiscalía pueda reconstruir el circuito de las operaciones investigadas y establecer si existen elementos que justifiquen continuar con la causa.
Desde Aisa Group aseguran que esto es un avance habitual en este tipo de investigaciones. Además, han señalado que el hecho de que el grupo esté aprobado dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con Gualcamayo y las actividades de exportación de oro y otros productos implican auditorías constantes, lo que les da confianza en la transparencia de sus cuentas.
El conflicto se remonta a 2022, cuando surgieron los primeros enfrentamientos entre Fecovita e Iberte por discrepancias en un contrato de consignación de vino y mosto en Europa, lo que desencadenó una batalla legal que continúa activa y ha generado una secuencia de causas entrelazadas.
Iberte argumenta que Fecovita la engañó para que invirtiera $3.139 millones en capital en la sociedad exportadora que habían establecido. Desde su perspectiva, los directivos de la Federación habrían desviado esos recursos a sus propias cuentas bajo la justificación de “anticipos de productos”, que nunca fueron entregados. También hay desacuerdos sobre los montos finales que se adeudaban al momento de finalizar la sociedad en 2022, y especialmente respecto a quiénes deberían ser considerados acreedores y deudores.
A esta primera causa le han seguido pedidos de quiebra, denuncias por balances fraudulentos y acusaciones cruzadas de estafa, además de otros procedimientos legales en los que Fecovita e Iberte no han logrado alcanzar un acuerdo.
La causa federal se integra, de este modo, a un contexto judicial que se expande cada vez más. El propio fiscal González ha advertido que, detrás de los expedientes, hay un “ida y vuelta” entre denunciantes y denunciados que ha intentado trasladar a la esfera penal diferencias surgidas de la relación comercial y contractual.
