La firma en cuestión es IGT33 S.A., la matriz de las marcas de ropa masculina Rever Pass y Be Rebel. Su presentación ante la Justicia menciona un pasivo que supera los $7.000 millones, que incluye deudas con el fisco y con entidades bancarias. Las pérdidas se han casi multiplicado en un año.
Con más de cuatro décadas de operación en el mercado argentino, IGT33 S.A. ha integrado desde 2007 diversas funciones en su estructura, incluyendo corte, confección, estampería y bordado, así como las áreas comerciales, administrativas y logísticas. La empresa emplea a más de 100 trabajadores, cuenta con 13 locales en centros comerciales y un establecimiento industrial en la localidad de Ricardo Rojas, en el partido de Tigre.
Según se detalla en su presentación judicial, las ventas de la compañía cayeron de $15.475 millones a $11.814 millones en términos de moneda constante entre los ejercicios 2024 y 2025, lo que representa una disminución cercana al 24%. La ganancia bruta también se vio afectada, cayendo de $8.962 millones a $5.678 millones. Además, los gastos de comercialización y administración sumaron $8.567 millones, mientras que el resultado financiero reportó otros $1.200 millones en cifras negativas. El ejercicio cerrado en noviembre de 2025 concluyó con un déficit de $4.365 millones, en contraste con una pérdida de $515 millones en el periodo anterior.
En el expediente judicial, la empresa detalla un proceso de deterioro acumulado desde 2024, provocado por diversos factores: la disminución del consumo interno de indumentaria, el aumento de las importaciones a través de plataformas digitales internacionales, principalmente de origen asiático, el incremento de los costos de producción y el encarecimiento del crédito, que alcanzó niveles cercanos al 100% en 2025. “Tuvimos que hacer un cambio de matriz, dejar de tener una matriz productiva para adaptarnos a una de producto importado. Cuando se abre la importación, empezamos la readaptación, porque Rever Pass no deja de ser una marca que compite con el mercado internacional”, explicó el CEO de la compañía.
Uno de los puntos centrales de su exposición ante la Justicia está relacionado con la falta de paridad competitiva frente a las plataformas de venta directa desde el exterior, como las que ofrecen productos sin contar con presencia física en el país. Las marcas nacionales, en cambio, deben afrontar costos por locales, personal, cargas sociales, impuestos y logística. “Empezás a ver que hay una invasión de plataformas internacionales. Se vuelve desequilibrante. Cuando cambian las reglas de juego, tenés que competir contra quienes están más armados que vos hace años. Es una carrera muy desventajosa”, comentó el ejecutivo.
El sector ha manifestado críticas sobre la gestión de la apertura del mercado a las plataformas extranjeras. A juicio de muchas firmas, el inconveniente no radica en la transformación misma —que consideran inevitable— sino en la ausencia de un programa que la respalde. Comparan su situación con sectores como la minería, la agricultura o el petróleo, que recibieron planes específicos y reducción de retenciones. La percepción en la industria textil y de comercio es que no se les ha ofrecido la misma atención: se les exige adaptarse sin reforma laboral vigente, sin cambios en el sistema impositivo y sin acceso a financiamiento.
Por otro lado, la evolución en los hábitos de compra ha presionado el modelo de negocio. El auge del comercio electrónico ha afectado la rentabilidad de los locales en shoppings, cuyas rentas, expensas, fondos publicitarios y costos laborales ya no se cubren con las ventas. Esto llevó a la empresa a cerrar algunos puntos de venta en centros comerciales y en la Costa Atlántica, con la intención de concentrar su operación en canales más eficientes. En este contexto, la firma se plantea transitar de un modelo predominantemente productivo a otro que combine producción local con importaciones de productos terminados, estrategia que, según argumentan, permitiría reducir costos y competir en precios con las prendas importadas.
Para mantener su operativa, la empresa ha recurrido en los últimos tres años a créditos bancarios destinados a cubrir sueldos, indemnizaciones, renovación de locales e incorporación de nuevas líneas de productos. Los socios fundadores también realizaron aportes a través de préstamos extraordinarios, según se menciona en el expediente. “Te encontrás con ese escenario y con baja de ventas. Vas teniendo un déficit, necesidades financieras. Las tasas empezaron a irse por las nubes. El concurso es una herramienta en donde tratás de llegar a un entendimiento con tus acreedores”, describió el ejecutivo, quien admitió que el objetivo principal de este plan es continuar con la marca en el mercado.
El pasivo se compone principalmente de deuda bancaria, que asciende a aproximadamente $3.276 millones. El Banco de la Nación Argentina es acreedor de cerca de $2.264 millones, mientras que el Banco Provincia registra aproximadamente $866 millones. Además, se suman $975 millones en deuda fiscal, $1.725 millones en obligaciones previsionales y compromisos laborales, así como con proveedores. Al 31 de mayo, la empresa tenía alrededor de $262 millones en cheques diferidos a proveedores y ya había reportado 65 cheques rechazados por más de $300 millones. Estos incumplimientos generaron embargos sobre las cuentas de la sociedad, que amenazaban con frenar su operativa. “Si bien el escenario sigue siendo muy competitivo, estamos siendo muy optimistas con la colección de verano. Fuimos optimizando proveedores y la propuesta será muy buena, con precios muy competitivos”, concluyó el CEO.
