Es evidente que hay ausencias. Si bien se ha discutido el tema de las retenciones, que son percibidas como un atropello, aún no se observan avances significativos. Milei solicitó paciencia, y esa espera ha sido aceptada. Sin embargo, existen acciones que pueden implementarse en el interim. Un aspecto a considerar son los incentivos a la inversión.
En las semanas recientes, se anunciaron cinco proyectos de inversión que superan los 6.000 millones de dólares, lo que refleja una renovada apuesta de la agroindustria por el país. Iniciativas en plantas aceiteras, fertilizantes y nuevas cadenas de valor surgen como señales de la confianza en el potencial exportador.
Tres de estos proyectos están relacionados con la industrialización de granos. Aceitera General Deheza (AGD) y Bunge están ampliando el complejo Terminal 6 en Puerto General San Martín. Molinos Agro, junto a la Asociación de Cooperativas Argentinas, establecerán una nueva planta de crushing en Timbúes. Por su parte, Louis Dreyfus Company construirá una moderna planta en Bahía Blanca para procesar girasol, soja, colza y camelina, integrando así la producción de alimentos, aceites y combustible.
Las otras inversiones están focalizadas en las plantas de urea en Bahía Blanca, en el hub de transformación del gas de Vaca Muerta. Adecoagro adquirió Profértil el pasado diciembre y anunció la duplicación de su capacidad. Actualmente, Pampa Energía está proyectando una nueva megaplanta de 2 millones de toneladas, que generará exportaciones por 1.500 millones de dólares anuales, además de lo que se puede obtener al convertir esa urea en maíz, trigo y girasol.
Se observa, entonces, una agroindustria operando de manera integrada. En este contexto, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se configura como una herramienta clave. La previsibilidad en materia tributaria, cambiaria y regulatoria resulta fundamental para inversiones que requieren cientos o miles de millones de dólares y cuyos retornos se estiman a largo plazo. Muchos de estos proyectos están considerando o ya han recurrido a este régimen.
Sin embargo, en medio de la llegada de estas grandes inversiones, se plantea un nuevo debate. ¿Qué sucede con la gran cantidad de empresas agroindustriales que también realizan inversiones, aunque a menor escala? Esta cuestión comienza a cobrar protagonismo en el Congreso. La senadora nacional Carolina Losada ha presentado un proyecto ante el Consejo Agroindustrial para abordar el vacío existente entre el RIGI, diseñado para megaproyectos, y el RIMI, enfocado en pequeñas y medianas empresas. La meta es incluir a una auténtica “clase media” de la inversión productiva, complementando una iniciativa anterior presentada por el senador correntino Eduardo Vischi, que persigue un objetivo similar.
Gran parte de la agroindustria argentina está compuesta por empresas que llevan a cabo proyectos de entre 20 y 150 millones de dólares. No son multinacionales de envergadura, pero tampoco se clasifican como pymes. Su impacto es considerable en el desarrollo regional y en la generación de empleo.
Estas empresas se dedican a construir plantas de alimentos balanceados, expandir tambos robotizados vinculados a fábricas de quesos, emprender criaderos de cerdos, pollos o peces, implantar olivares y plantas de aceite de oliva o pistachos, crear feedlots para plantas de etanol, añadir sistemas de riego para transformar zonas semiáridas en polos de producción de proteínas animales, y establecer fábricas de biodiésel, bioetanol o biogás. Aunque estas inversiones no son tan visibles como una gran planta de crushing o una factoría de urea, probablemente representen una parte significativa del empleo directo e indirecto, del arraigo territorial y del desarrollo de proveedores locales. En este ecosistema agroindustrial emplean a ingenieros, veterinarios, técnicos, operarios especializados, transportistas, contratistas y numerosas pequeñas empresas.
La buena noticia es que Argentina nuevamente se enfoca en inversiones productivas a gran escala. El reto ahora es asegurar que también se beneficie a esa vasta clase media de la agroindustria, ya que en ella podría residir la verdadera clave para alcanzar un desarrollo más equilibrado, federal y sostenible. El RIGI se presenta como una herramienta valiosa, aunque no debe ser el elemento central. El verdadero protagonista es el sector agroindustrial argentino y la necesidad de que toda su cadena de valor, desde las multinacionales hasta las medianas empresas regionales, disponga de las condiciones adecuadas para invertir, pavimentando así el camino hacia la Segunda Revolución de las Pampas.
