Esta reunión, programada para las 12 y que se llevará a cabo de forma virtual, tiene como objetivo analizar una nueva fórmula para la recomposición salarial que no esté basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los líderes gremiales aspiran a recuperar un rezago de entre 13 y 14 puntos en relación con la inflación, en un contexto marcado por una severa crisis industrial caracterizada por una disminución de la actividad, despidos y cierre de fábricas.
De acuerdo a información de fuentes sindicales, alrededor del 60% de los trabajadores del sector recibe un salario básico de 1.036.390 pesos, cifra que se encuentra por debajo de la línea de pobreza. En el ámbito siderúrgico, además, no se han establecido aumentos salariales en el marco de la negociación colectiva durante los últimos dos años, con cada empresa otorgando mejoras salariales de manera independiente a sus empleados.
La primera reunión oficial tuvo lugar a principios de julio, donde los delegados elegidos por la intervención judicial del gremio y los representantes empresariales compartieron sus diagnósticos sobre el deterioro de la actividad y el desfase en los ingresos, acordando continuar las negociaciones de manera extraoficial.
El objetivo inmediato de estas discusiones es actualizar las remuneraciones que han quedado rezagadas desde el último acuerdo salarial, firmado en noviembre de 2025, el cual estableció mejoras hasta marzo del presente año mediante un incremento acumulado del 14%, aplicado a través de sumas no remunerativas de 160 mil pesos que no se integraron al salario básico, exacerbando así el desfase.
La paritaria había permanecido estancada debido a la negativa de la Secretaría de Trabajo a reconocer a los delegados paritarios designados por el interventor judicial de la UOM, Alberto Biglieri. Sin embargo, esto cambió tras un fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que validó la autoridad del interventor para negociar paritarias y designar a los participantes en estas discusiones.
De este modo, se pudieron reunir en la sede de la UOM a los delegados paritarios del sindicato, entre ellos Roberto Bonetti (de la Seccional Capital), Daniel Martínez (Cañada de Gómez), Adrián Pérez (Quilmes), Enrique Salinas (La Plata), Edgardo Holstein (San Nicolás) y Manuel Casas (Villa Constitución), junto a empresarios de la Cámara Argentina del Acero para debatir sobre los salarios del sector siderúrgico, así como con representantes de cámaras como ADIMRA, CAMIMA, AFARTE, AFAC, FEDEHOGAR y CAMIMA para tratar aumentos en la rama metalmecánica.
El contexto de la negociación salarial se complica además por el hecho de que el Gobierno no valida paritarias que superen una inflación de aproximadamente el 2%, un límite oficial que se contrasta con el cálculo tanto del sector sindical como del empresarial sobre la pérdida del poder adquisitivo en los últimos meses.
Internamente, la situación del sindicato se complicó tras el desplazamiento del líder de la UOM, Abel Furlán, por otro fallo de la misma Sala VIII, que anuló las elecciones de la seccional Zárate-Campana debido a diversas irregularidades, un hecho que repercutió en la conducción nacional del gremio.
El 22 de mayo, los camaristas Víctor Pesino y María Dora González anularon la elección de esa seccional, así como la elección nacional de autoridades de la UOM, que había tenido lugar el 18 de marzo, donde también había sido proclamado ganador Furlán. Al mismo tiempo, ordenaron la intervención del gremio por 180 días y encomendando a Biglieri la convocatoria a nuevas elecciones en Zárate-Campana, bajo condiciones que garanticen la transparencia y el respeto a la libertad sindical.
Una de las primeras acciones del interventor fue presentar ante la Secretaría de Trabajo una nueva lista de delegados paritarios para la negociación salarial, todos ellos procedentes de la corriente opositora a la dirigencia de Furlán.
La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo emitió un dictamen en el que indicó que las facultades de Biglieri para designar delegados y llevar a cabo la negociación colectiva debían ser definidas exclusivamente por el juzgado que ordenó su nombramiento. En dicha resolución, se subrayó que la representación en paritarias y el desarrollo de la negociación colectiva no podían ser modificados por vía administrativa.
Por este motivo, la Secretaría de Trabajo recomendó solicitar una aclaración judicial sobre el alcance de estas facultades. Esa respuesta llegó cuando la Sala VIII de la Cámara desestimó el planteo oficial y afirmó que el Ministerio de Capital Humano “carece de competencia para interpretar, ampliar o restringir por vía de dictamen los términos de una intervención judicial, cuyo alcance se deriva de la propia resolución que la ordenó y del régimen procesal aplicable”.
Con la firma del camarista Víctor Pesino, se confirmó que el interventor de la UOM “dispone de todas las facultades legales, estatutarias y reglamentarias de gobierno, administración y fiscalización”, incluyendo la capacidad tanto de discutir acuerdos paritarios como de designar personas para llevar a cabo estas funciones.
