La legisladora nacional Marcela Pagano formalizó una presentación ante la Justicia contra un grupo de corporaciones extranjeras involucradas en el desarrollo del proyecto hidrocarburífero Sea Lion.
Al mismo tiempo, lanzó duras críticas hacia la gestión del presidente Javier Milei por su inacción y “silencio” ante las maniobras británicas en el Atlántico Sur, exigiendo que se detenga de inmediato lo que consideró un despojo de los recursos naturales del país.
A través de sus redes sociales, la diputada fue categórica al manifestar: “Ante el silencio del gobierno de Javier Milei con complicidad del canciller Pablo Quirno denuncié penalmente la entrega de licencias petroleras a empresas extranjeras para explotar el petróleo de NUESTRAS Malvinas.
Es tiempo de que todos juntos pongamos fin al saqueo británico”. Los detalles de la presentación judicial contra las corporaciones El escrito presentado por la legisladora apunta de manera directa a determinar las responsabilidades de las compañías Navitas Petroleum Limited Partnership, Rockhopper Exploration PLC, JHI Associates Inc. y ECO (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
La acusación no solo abarca a las razones sociales de estas firmas multinacionales, sino que se extiende explícitamente a sus cuerpos directivos, gerentes y a cualquier persona física o jurídica involucrada en la cadena de valor de la iniciativa Sea Lion.
Esto incluye las actividades de prospección, extracción, traslado logístico, financiamiento bancario o venta final del crudo obtenido en la zona en disputa.
El basamento legal de la denuncia penal radica en las severas infracciones a la Ley 26.659, una normativa nacional diseñada específicamente para castigar la exploración y explotación de hidrocarburos dentro de la plataforma continental argentina que no cuente con el aval explícito de las autoridades de Buenos Aires.
En complementación, el texto jurídico invoca violaciones correlativas a la Ley General de Hidrocarburos, artículos tipificados del Código Penal, regulaciones contra el Lavado de Activos y las normativas vigentes sobre la responsabilidad penal empresaria.
Medidas urgentes y el reclamo de soberanía institucional Dentro de las peticiones elevadas a los tribunales, Pagano requirió el dictado de medidas cautelares urgentes destinadas al resguardo y aseguramiento de elementos probatorios clave para evitar que se obstaculice el avance de la investigación criminal.
La diputada remarcó de manera enfática que la resolución de esta causa recae indiscutiblemente bajo la órbita de la Justicia Federal, argumentando que el conflicto en cuestión lesiona directamente los intereses geopolíticos, la soberanía territorial y el derecho exclusivo e inalienable de la República Argentina sobre los bienes económicos de su suelo submarino.
Finalmente, la acción de la diputada expone la fractura política con el Poder Ejecutivo en materia de relaciones exteriores. Al apuntar de forma directa contra el jefe de Estado y el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, la legisladora buscó instalar en la agenda pública el debate sobre la pasividad oficial frente a los movimientos de Gran Bretaña en las islas, convocando a un consenso político amplio para salvaguardar el patrimonio nacional.
