La propuesta más reciente en la mesa es la de propiedad privada, que ha sido objeto de extensas discusiones en los 15 borradores que surgieron tras el dictamen. Esta cuestión principal motivó el actual cuarto intermedio y es uno de los textos que aún busca apoyar el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Hace poco, se presentó a defender la ley de Sociedades, que hasta el momento no ha recibido respaldo significativo de la oposición colaborativa.
Si se logra resolver el enredo de propiedad privada el 6 de agosto, es posible que durante ese mes se apruebe la ley conocida como “Hojarasca”, que tiene como objetivo eliminar normativas obsoletas. Esta ley estaba originalmente programada para esa fecha, pero con la postergación del primer proyecto, se ha complicado avanzar, especialmente para la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich. La situación se mantiene incierta, ya que Bullrich ha dedicado más tiempo a otros intereses personales que a los asuntos del bloque, dejándolo vulnerable en varias ocasiones, incluso al propio Javier Milei.
Otros proyectos iniciaron su curso en comisiones con una intensa promoción y, rápidamente, fueron relegados. Un ejemplo evidente es la reforma de la ley de salud mental. Fuentes oficialistas han sugerido que se presentarán novedades tras el receso. También se han planteado varios temas que aún esperan resolución.
El objetivo es mejorar la respuesta ante situaciones que carecen de apoyo suficiente. En mayo, la directora de abordaje integral de salud mental, Liliana González, enfatizó que, “después de 15 años de sancionada la ley, podemos concluir que, de esta forma, no funciona adecuadamente”.
Por otro lado, iniciativas como la ludopatía y el etiquetado frontal no han recibido atención, y hace pocos días, se envió a tres comisiones el súper RIGI, que ya cuenta con aprobación en la Cámara baja y espera su sanción definitiva, lo que complica aún más la búsqueda de aliados y la firma de dictámenes.
En paralelo, el Gobierno busca que Diputados acelere la revisión de las modificaciones sobre la inocencia fiscal, un cambio sorprendente dado que una ley recién sancionada se encuentra bajo revisión a pocos meses de su aprobación, lo cual refleja una preocupación por la falta de responsabilidad en el tratamiento de temas delicados. En el Senado, existe un interés creciente por una reforma política, aunque más allá de los rumores que circulan, no hay esfuerzos visibles hacia esa dirección, limitándose a la posibilidad de suspender las PASO.
Para octubre o noviembre, la administración tiene la esperanza de que la Cámara alta reduzca las zonas frías, lo que significaría menores costos en las facturas de luz y gas en diversas localidades, así como también permitiría enviar un presupuesto 2027 con mejores balances a Diputados, lo cual debería suceder a mediados de septiembre, un plazo breve para el funcionamiento habitual del Congreso.
Mientras tanto, el Ejecutivo continúa promoviendo proyectos que buscan modificar la Carta Orgánica del Banco Central y establecer reglas relacionadas con un shutdown, similar a lo que ocurre en los Estados Unidos, que implicaría la paralización de sectores de la administración si no se alcanza un acuerdo sobre la ley de gastos.
Lo cierto es que, a pesar de la cantidad de temas a tratar, su avance depende de que La Libertad Avanza realice ciertos ajustes. Entre los errores propios, que podrían haberse evitado, y la carga adicional causada por la gestión del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, el espacio liderado por Milei ha desperdiciado un tiempo crucial.
Tras el receso, los aliados intentarán impulsar sus propios proyectos. La disposición a colaborar se mantendrá, pero el margen de maniobra para el Gobierno se irá reduciendo, obligándolo a decidir entre ceder o, como en los años anteriores, optar por el enfrentamiento con toda la oposición. Los proyectos legislativos perderán relevancia y todo se evaluará en función de su impacto electoral.
