El propósito del oficialismo es expandir el marco actual del RIGI, centrándose exclusivamente en actividades que carecen de desarrollo comercial en el país o que están en fases experimentales.
La propuesta busca posicionar a Argentina como un destino atractivo para inversiones en áreas como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital, fabricación de baterías de litio, producción de hidrógeno de bajas emisiones, pequeños reactores nucleares, vehículos eléctricos, nuevos desarrollos petroquímicos y tecnología aeroespacial, entre otros sectores de alto valor agregado.
A diferencia del régimen RIGI vigente, el nuevo marco estará reservado para proyectos que impliquen la creación de nuevas industrias en el país, excluyendo las ampliaciones o modernizaciones de empresas existentes. Además, los postulantes al RIGI tradicional no podrán transferirse automáticamente al nuevo régimen.
El Ejecutivo presentó al Congreso una propuesta de promoción para grandes proyectos tecnológicos e industriales, con la intención de ubicar a Argentina como un polo de inversiones.
Entre los beneficios destacados se incluye una tasa reducida del Impuesto a las Ganancias del 15%, amortización acelerada de las inversiones, y exenciones de derechos de exportación e importación para bienes vinculados a los proyectos, además de un régimen estable en términos normativos y fiscales por un período de 30 años. El texto también ofrece un acceso más flexible al mercado cambiario y mecanismos para la resolución de disputas, proporcionando una mayor seguridad jurídica para los inversores.
Para beneficiarse del régimen, las inversiones deberán ser superiores a US$1.000 millones y canalizarse a través de un vehículo de proyecto exclusivo. El Gobierno argumenta que la escala de estos emprendimientos exige reglas a largo plazo que permitan competir con otras naciones por capital destinado a sectores de frontera.
El proyecto estipula que las provincias y municipios deben adherir al régimen para que los proyectos ubicados en sus jurisdicciones puedan acceder a los beneficios nacionales. La iniciativa busca asegurar un marco regulatorio homogéneo y evitar que normativas locales alteren las condiciones que se ofrecen a los inversores.
Con esta propuesta, el Gobierno pretende complementar el RIGI aprobado el año anterior y acelerar la llegada de inversiones relacionadas con sectores tecnológicos e industriales de vanguardia, con el objetivo de incrementar exportaciones, generar empleo calificado y diversificar la matriz productiva argentina.
En paralelo, y con atención a los movimientos de sus aliados en el Senado, el oficialismo ha avanzado en dos proyectos importantes para su proyección internacional y captación de inversiones: el acuerdo de pago a dos fondos buitre y el régimen de Súper RIGI, con la intención de tratar ambas propuestas en Diputados el próximo 24 de julio.
El proyecto de Súper RIGI para “nuevas actividades económicas” abarca todo proyecto industrial, tecnológico o de prestación de servicios vinculados a la infraestructura tecnológica y digital estratégica, ofreciendo un marco de beneficios por 30 años para inversiones de al menos US$1.000 millones, con un desembolso inicial del 20% en los primeros dos años. Este régimen no se aplicará a sectores que ya hayan ingresado al RIGI ni a aquellos que se centren en “instalaciones preexistentes”. Desde su versión inicial hasta la propuesta final, el proyecto sufrió ocho modificaciones relacionadas con incentivos a la inversión y registros. Se obtuvieron 61 firmas de apoyo, provenientes de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID y aliados provinciales.
Por otro lado, también se dictaminó el proyecto de pago a dos fondos buitre, correspondientes a bonos del 2001, que asciende a US$171 millones. Los fondos involucrados son Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund, quienes habían iniciado un proceso judicial para embargar activos argentinos. En el litigio, que se lleva a cabo en Estados Unidos, se estableció como fecha límite para la aprobación del Congreso el 30 de junio. Este proyecto fue aprobado en el Senado con 40 votos a favor y 22 en contra.
