A pesar de haber recibido una notificación reciente de ARCA, ente que reemplazó a la AFIP, Tabar buscó restarle dramatismo a la controversia. El constructor calificó como “normal” la intimación y negó categóricamente que existan “aprietes” por parte de Adorni o del entorno presidencial durante una entrevista con un medio radial.
El aspecto más relevante del testimonio de Tabar gira en torno al costo de las reformas. Aunque Manuel Adorni había intentado minimizar el impacto público al relativizar los gastos en su vivienda, el contratista fue claro ante la Justicia: la inversión total alcanzó los u$s 245.000.
Tabar considera que este monto es “lógico” dado el alcance de los trabajos realizados. No obstante, esta afirmación coloca al Jefe de Gabinete en una posición comprometida, ya que resalta una discrepancia entre el discurso oficial del funcionario y la realidad de los servicios prestados en el country de la zona norte de Buenos Aires.
La situación fiscal del contratista también se encuentra bajo la lupa del nuevo ente recaudador. ARCA le otorgó a Tabar un plazo de 10 días para presentar una justificación detallada de su patrimonio y situación fiscal. Esta medida surge a raíz de la causa que investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, en la que se analiza el posible manejo de grandes sumas de dinero en efectivo para financiar la obra.
“Soy autónomo desde hace más de 20 años”, se defendió Tabar, subrayando que las notificaciones del ente recaudador son procedimientos habituales cuando se detectan irregularidades que deben corregirse. Para el constructor, vincular este trámite burocrático con una presión directa del jefe de ministros sería “descabellado”.
