Las garantías que fueron anunciadas la semana pasada por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) facilitan que el Gobierno pueda hacer frente a los compromisos financieros, a la espera de noticias del Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe (CAF).
Estas garantías también generan expectativas entre los agentes financieros, quienes anticipan que, antes de la confirmación de las mismas, el Estado podría acceder al mercado de deuda internacional en el segundo semestre de este año.
La garantía del Banco Mundial, por un monto de u$s 2000 millones, tiene como objetivo ofrecer un “puente” que permita al Gobierno ingresar al mercado con menores costos, según lo explicó la vicepresidenta del organismo, Susana Cordeiro Guerra, en una reciente entrevista.
Se busca abordar el “problema de liquidez” y facilitar el acceso al mercado de manera “más competitiva” y a través de “un camino alternativo”, aunque los plazos aún no han sido especificados.
A pesar de que es el Banco Mundial el que respalda la operación, el Gobierno necesitará el apoyo de los bancos internacionales para asegurar el financiamiento. Se prevé que las garantías se recibirán en el corto plazo, incluso antes del vencimiento programado para el 9 de julio.
Con estas garantías, se estima que el Gobierno podrá obtener financiamiento por un monto mayor al doble, a una tasa del 6% final, por debajo del nivel actual del riesgo país. Esto podría facilitar la refinanciación de los vencimientos a un costo inferior al inicialmente previsto, lo que respalda el argumento oficial acerca de la posibilidad de cumplir con las obligaciones mediante la reducción de la deuda total.
El Gobierno sostiene que tiene asegurados los vencimientos hasta el cierre del mandato de Javier Milei. Los compromisos que deben afrontarse entre 2026 y 2027 ascienden a u$s 30.700 millones, incluyendo a los acreedores privados, el FMI y el Club de París.
Desde la consultora 1816 se estima que, en bonos globales y bonares en manos privadas, el Tesoro deberá abonar u$s 14.300 millones hasta finales de 2027, considerando tanto capital como intereses.
En el corto plazo, se deberán pagar u$s 3900 millones en julio, cantidad que podrá ser cubierta con los u$s 3082 millones que el Tesoro ya tiene disponibles tras las licitaciones de bonares, junto a los fondos en pesos que el Palacio de Hacienda posee en el Banco Central, que superan los $ 11 billones.
Los analistas de 1816 indicaron que, con esos recursos, en conjunto con las garantías de las entidades y la posibilidad de refinanciar repos del Banco Central por u$s 6000 millones, lo que podría extender su vencimiento a 2028 (de lo cual se esperan definiciones esta semana), el Gobierno podría despejar los vencimientos al final del mandato.
Si bien las proyecciones de los consultores sugieren que existen condiciones favorables para cubrir los vencimientos, se espera que el Gobierno presente un plan sobre cómo se llevará a cabo el pago.
Por ahora, considerando todos los factores, el Gobierno acumula financiamiento por u$s 13.100 millones, lo que implica que aún debe conseguir al menos u$s 17.600 millones.
“Ese remanente podría ser cubierto mediante una combinación de nuevos Bonares, alguna emisión internacional, un rollover del Fondo (dado que los pagos netos al FMI son u$s 7900 millones, que representa gran parte del saldo pendiente; aunque para un eventual rollover sería necesario un nuevo programa, ya sea de facilidades extendidas o un Stand By), y/o directamente con reservas”, concluyeron desde 1816.
