Este incidente resalta un contexto más amplio que el simple nombre de una candidata judicial. Bullrich actúa como una especie de líbero dentro del bloque libertario. Dentro del Gobierno, predominan el enojo y la confusión, pero también se reconoce una realidad: actualmente, necesitan a Bullrich. Esto llevó a la Casa Rosada a hacer énfasis en la autorización de otros 74 pliegos en las horas siguientes, prometiendo que habrá más envíos en el futuro cercano. Los funcionarios son conscientes de que los próximos cargos a cubrir son de alta sensibilidad política, más allá del reciente tropiezo con Michelli.
El objetivo del oficialismo es presentar entre agosto y septiembre las postulaciones pendientes para alcanzar las 300 vacantes, dejando al Senado la gestión del tiempo para su aprobación. Detrás de esta estrategia se esconde una negociación delicada con los gobernadores sobre las posiciones más relevantes en el sistema judicial, que se evidenciarán sobre todo con los últimos pliegos que se envíen al Congreso. Este aspecto despierta el mayor interés en los líderes provinciales.
Sin embargo, desde el peronismo alegan que no existe una negociación efectiva con el oficialismo, a diferencia de lo que ocurrió anteriormente con el exviceministro y actual procurador Sebastián Amerio y el asesor presidencial Santiago Caputo. Alertan que el diseño promovido por el Gobierno, bajo la supervisión de Karina Milei, tiene como finalidad proteger al Presidente y a su círculo más cercano de posibles eventualidades hacia 2027.
“Estos pliegos son 100% de La Libertad Avanza. Si se cuela algún nombre nuestro es porque no se dieron cuenta”, comenta un representante del sector judicial de La Cámpora.
La cuestión que se plantea es si el peronismo logrará actuar de manera unida. Aunque hay evidencias de disidencias, existe una creciente consciencia sobre la necesidad de unir fuerzas el próximo año para ser competitivos. Se observan gestos en esa dirección, pero también persisten rivalidades, desconfianzas y disparidades en el liderazgo.
Esta semana se formalizará un espacio de convergencia que incluirá a exintegrantes del PRO, exlibertarios y peronistas federales. Algunos dirigentes cercanos a Cristina Kirchner, que se comunican semanalmente con ella, están evaluando esta coalición como un paso natural hacia un frente más amplio en distritos clave como la Provincia y la Ciudad. Aún se plantea la cuestión de si esta estructura podría replicarse a nivel nacional, aunque la idea todavía no ha calado hondo.
“Este es un año electoral en el que se llevan a cabo procesos que normalmente pasan desapercibidos, pero que son un buen termómetro político sobre la intención y el músculo de las diferentes corrientes del peronismo para trabajar en conjunto o por separado. Ya ocurrió en 2018, un año antes de las elecciones que dieron lugar al Frente de Todos”, advierte una voz dentro del partido.
Esta referencia señala dos fechas clave que, aunque parezcan de menor relevancia, tienen un impacto político considerable. Una de ellas tiene lugar esta semana: las elecciones para el claustro de graduados en la Facultad de Derecho de la UBA, que se realizarán del 9 al 11 de junio. Existe un acuerdo entre Juan Manuel Olmos, referente del peronismo porteño, y Eduardo “Wado” de Pedro para unir esfuerzos, algo que no sucedía desde experiencias anteriores de convergencia.
La otra señal se manifestará en noviembre, cuando se renueve el cupo de abogados en el Consejo de la Magistratura. En esta instancia también se evaluará la coordinación con una tercera parte, vinculada a Sergio Massa. Hasta el momento, el kicillofismo se ha mantenido al margen, aunque algunos en el entorno bonaerense critican este enfoque como un error estratégico.
El Consejo de la Magistratura no solo evalúa la conducta de las y los jueces, sino que también impulsa candidaturas, evaluaciones y ternas que luego son presentadas al Poder Ejecutivo para la elección del candidato o candidata que deberá ser aprobada por el Senado. En este contexto se explica en parte el incidente relacionado con Michelli. Sorprendentemente, la jueza Verónica Michelli contaba con la firma de Javier Milei cuando fue a su audiencia ante la comisión correspondiente, la cual duró menos de diez minutos.
¿Qué desencadenó el tropiezo que llevó al Gobierno a cometer otro error no forzado? Desde las oficinas oficiales llega una respuesta incómoda: no fue un fallo técnico, sino una decisión política del más alto nivel que detuvo la postulación de la abogada, quien ya había recibido luz verde por las instancias técnicas y políticas del Ministerio de Justicia. Esta cartera es la responsable de gestionar cada terna presentada por el Consejo de la Magistratura y sugerir un nombre al Presidente. No necesariamente se escoge al que ocupa el primer lugar del ranking, lo que quedó claro en los pliegos enviados por Milei.
La terna para el TOF 3 es una de las que Juan Bautista Mahiques recuperó al asumir el ministerio, tras la decisión de Alberto Fernández de desestimar la propuesta luego de su victoria en 2019. El Gobierno del Frente de Todos retiró casi 200 pliegos que esperaban acuerdo en el Senado, reintroduciendo solo un tercio durante su gestión. Con la llegada de Javier Milei, se revisó lo que se había acumulado y Amerio comenzó a negociar un nuevo reparto con el peronismo, aunque esto quedó truncado tras su salida del ministerio y el desplazamiento de Caputo.
Hasta ahora, el Ejecutivo ha enviado al Senado la mitad de los 300 cargos que pretende completar; sin embargo, solo parte de estos tenía el proceso de audiencia y firmas completo en la comisión. Estos son los que se sometieron a consideración, incluido el de Michelli, que fue clave para desbloquear la situación. Desde el oficialismo esperan proseguir con más postulaciones, y el Consejo de la Magistratura se ha comprometido a elevar más ternas al Ejecutivo en los próximos días.
“Debemos enfocarnos en lo positivo: la aprobación de 74 pliegos para vacantes que habían estado sin cubrir durante años. Además, el pago a holdouts que ha permanecido pendiente durante 25 años está muy cerca de concretarse, solo falta el voto de Diputados”, destacó un interlocutor de la Casa Rosada ante la consulta. Este fue el mensaje común que intentaron transmitir en medio de otra sesión que arrojó resultados inesperados para el oficialismo. Solo la muerte del “Indio” Solari logró relegar esta situación a un segundo plano el viernes.
“Internamente, hay visiones divergentes. Tendremos que reestructurarnos políticamente”, concluyó la misma fuente. Las evidentes fracturas entre el núcleo de la Mesa Política del Gobierno han generado tensiones con aliados que se manifestaron ante la inminente sesión del jueves, planteando nuevas exigencias no consensuadas para aprobar la Ley de Propiedad Privada, que el oficialismo consideraba prácticamente cerrada desde una semana atrás y que volvió a estar en suspenso.
Los pliegos y las leyes se entrelazan en el tira y afloja entre la Casa Rosada y las provincias que pueden proporcionar a La Libertad Avanza los votos faltantes. Por ello, el Ejecutivo ha retrasado el envío de los acuerdos judiciales que más interesan a los gobernadores: aquellas posiciones con peso electoral. “Los gobernadores se sienten más atraídos por estos cargos que por la Corte Suprema”, comentó en confidencialidad un testigo cercano a las negociaciones.
Desde la Casa Rosada aseguran que, por el momento, no existe una decisión política de negociar la cúpula de la Justicia. Sin embargo, como suele ocurrir en política, las circunstancias pueden cambiar rápidamente. El Gobierno no se resigna a detener las reformas pendientes, a pesar de que algunos no ocultan su descontento con el estilo de juego de Bullrich que, cada vez más, confunde a parte del bloque libertario. A pesar de estas tensiones, persiste un cierto consenso en que la líder de los senadores navega con habilidad, ubicándose dentro de los márgenes compatibles.
“Patricia tuvo que improvisar el jueves cuando desde la Casa Rosada le solicitaron incluir más pliegos de los acordados. Era inesperado tener que realizar esa negociación con la oposición y los aliados, pero lo hizo para desbloquear la sesión”, justificaron desde el círculo cercano a la exministra. Un dato concreto es que cada movimiento que realizó Bullrich durante esa jornada estuvo alineado con el seguimiento meticuloso de la Casa Rosada, que observó de cerca cada minuto en el recinto.
El futuro del caso Michelli, no obstante, continúa incierto. ¿Qué sucederá con la postulación de esta jueza de la provincia? Desde el Gobierno argumentan que no serían los primeros en “congelar” un nombramiento. Mencionan el caso de Martín Innocente, quien había recibido el acuerdo para un juzgado en Chaco y espera el correspondiente decreto desde octubre de 2020.
Además, citan el caso del fiscal Patricio Sabadini, designado para el TOF de Corrientes, que esperó durante cinco años la oficialización de su nombramiento y finalmente presentó su renuncia hace dos meses. Este magistrado había estado implicado en varias causas sensibles para el poder, lo que contribuyó a su larga espera.
Otro aspecto a tener en cuenta que no pasó desapercibido en las horas posteriores, debido a que desde el propio Gobierno se encargaron de señalarlo, es la falta de una sede física para el Tribunal Oral Federal N° 3 en La Plata. Esta situación es una carga que se arrastra desde hace más de 15 años y que depende de la disponibilidad de recursos y de la infraestructura necesaria antes de la acordada que se requiere de la Corte Suprema. La implementación del sistema acusatorio a partir de septiembre podría retrasar aún más este proceso debido a la necesidad de establecer salas multimedia.
Sin embargo, surge otra paradoja: Michelli no es la única jueza que ha recibido acuerdo y que podría obtener un decreto presidencial sin contar con un lugar físico donde desempeñarse. También figura entre los pliegos aprobados por el Senado un juzgado federal en Hurlingham, cuya creación fue establecida por ley en 2015 y que no se ha materializado en estos once años. Esta es la posición para la que ha sido promovida Ana María Juan, secretaria de la Sala 1 de la Cámara Federal porteña y esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, encargado de la causa LIBRA.
