El Gobierno avanza con el ajuste y prevé no renovar al menos 15 mil contratos de trabajadores estatales que fueron ampliados en diciembre por tres meses y vencen a fines de marzo. Desde el Gobierno dijeron a que el número concreto estará luego de Semana Santa con la liquidación de sueldos en abril.
El Ejecutivo recibió las bajas de cada ministerio y organismos descentralizados, pero todavía no quiere confirmar un número firme porque “hay decisiones sobre los contratos en movimiento y podría variar según la disposición de cada titular”.
Las bajas de marzo son parte de la auditoría del Estado que encomendó Javier Milei. Desde el Gobierno le dijeron a este medio que “se ampliaron contratos en diciembre para poder analizar quién trabajaba y quién no, es en base a eso que se hace el recorte actual”.
Esto obedece al decreto 84/2023 que instruyó a los titulares de las carteras a exceptuar de la baja a los trabajadores que resulten “indispensable para el funcionamiento de la jurisdicción, de manera restrictiva y fundada y que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento”.
Solicitó además la redacción de un informe que debieron brindar a la jefatura de gabinete que preside Nicolás Posse y determinó que “en el caso de que las autoridades decidan renovar dichos contratos, deberán fundar la decisión demostrando la necesidad de continuar con la contratación”.
Es por eso que las modalidades de despido quedaron a cargo de los ministros e interventores de los diferentes organismos descentralizados. En Administración General de Puertos (AGP), el mes pasado hubo 150 despidos y 50 retiros voluntarios sobre 700 empleados.
La reducción de planta y contratados en algunas empresas públicas es parte del plan de “saneamiento” para que luego queden sujetas al proceso de privatización en caso de que la Ley Ómnibus se apruebe en el Congreso. Es el caso de Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina, YCRT e Intercargo.
Los gremios que representan a los trabajadores del estado, Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), iniciaron acciones para evitar los miles de despidos y están en jornada de lucha.
ATE se movilizó a las 12 al Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Av. Paseo Colón 982), organismo cuyo cierre fue anunciado la semana pasada por el Gobierno.
Lo que piden es la renovación de los 70.000 contratos que vencen en marzo y rechazan el ofrecimiento del Gobierno del aumento del 8%. Además, exigen el pase a planta permanente de todos los trabajadores en situaciones informales y se oponen a la reforma laboral que impulsa el Gobierno.
Solicitan también un aumento mayor para los jubilados y pensionados y rechazan el cierre de todos los organismos públicos junto a la privatización de empresas estatales.
