No obstante, el paro quedará condicionado a que el Gobierno otorgue, antes del martes 29, el aumento del 33,4% establecido en la norma. Hasta el momento, la última propuesta oficial incluía un incremento del 3%, que fue rechazado por los sindicatos durante la negociación paritaria.
La medida fue acordada en un plenario del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que buscará coordinar esfuerzos con CONADU Histórica. Además, se han planeado actividades para visibilizar el conflicto en los días previos a la movilización.
CONADU reafirmó que se llevará a cabo el paro, a menos que el Gobierno aplique el aumento salarial que estipula la Ley de Financiamiento Universitario.
Tanto los sindicatos como las universidades coinciden en que los salarios docentes requieren una recomposición del 31,2%. Esta demanda se fundamenta en el porcentaje señalado por la Ley de Financiamiento Universitario, que prevé la actualización de los salarios de docentes y no docentes, así como de los programas de becas estudiantiles.
Paralelamente, el juez federal Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, intimó al Gobierno a cumplir plenamente con la medida cautelar que ordena la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El magistrado estableció un plazo de cinco días y señaló que podrían imponerse multas por cada día de retraso.
Cormick había dictado dicha medida en diciembre de 2025, la cual fue avalada por la Cámara de Apelaciones en marzo y confirmada por la Corte Suprema el 25 de junio.
Por su parte, la Casa Rosada ha optado por dilatar la implementación y ha anunciado su intención de apelar esta resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El Gobierno sostiene que ya ha cumplido con la cautelar y que ha presentado la documentación correspondiente ante la Justicia, aunque la apelación no modificará la medida original, que se mantiene vigente.
La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso en 2025; sin embargo, fue vetada por el presidente. Posteriormente, el Parlamento insistió en su aprobación con los dos tercios requeridos en ambas cámaras, siendo el Senado el que completó este procedimiento el 2 de octubre de ese año, con 58 votos a favor y siete en contra.
A pesar de que el Gobierno promulgó la ley, suspendió su aplicación bajo el argumento de que no se habían especificado las fuentes de financiamiento. Esta decisión llevó a las universidades a presentar una demanda judicial que resultó en la cautelar vigente.
La convocatoria sindical se orienta a mantener el reclamo hasta la movilización programada para el 15 de octubre. CONADU afirmó que la quinta Marcha Federal Universitaria será una oportunidad para visibilizar la situación del sistema universitario, tanto por la falta de aplicación de la ley como por el Proyecto de Presupuesto 2027.
Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, relacionó el plan de lucha con la necesidad de fortalecer la acción colectiva: “El plenario de la Federación expresó el tiempo que vivimos. Lo ‘colectivo’ está bajo asedio. Y es nuestra tarea, a contrapelo de este momento histórico, construir y fortalecer ‘lo colectivo’”, sostuvo.
Además, Chevalier enfatizó: “Porque sabemos que en la unidad hay un antídoto importante contra la fragmentación e individualismo impuestos por el Gobierno”. La organización también anticipó la creación de espacios de diálogo con diputados y senadores de diversas provincias para solidificar el reclamo de financiamiento y actualización salarial en las universidades nacionales.
