A partir de este viernes, la decisión de la jueza penal comenzará a ser revisada por la Cámara Penal de Buenos Aires, con la expectativa de que la semana próxima se emita un fallo, según indicaron fuentes judiciales.
La FAM, que agrupa magistrados de todo el país, junto a 91 jueces de la Ciudad, emitieron comunicados en los que cuestionaron el pedido de juicio político contra De Marinis y recordaron que existe la posibilidad de apelar una decisión judicial con la que no se esté de acuerdo.
“Esta Federación no emite opinión sobre el acierto de esa decisión. La crítica de las sentencias es legítima en una sociedad democrática, y quienes discrepan con ellas cuentan con las vías recursivas que el ordenamiento prevé”, indicó la FAM.
“Recurrir a mecanismos disciplinarios o de remoción como respuesta al criterio jurídico de un magistrado desnaturaliza esos institutos y proyecta un efecto intimidatorio sobre la totalidad de la judicatura. El control de constitucionalidad y convencionalidad no es una facultad discrecional sino un deber que la Constitución Nacional impone a todo juez. Promover represalias porque un juez ejerza esa función, lejos de fortalecer la democracia, debilita el sistema de control del poder establecido por la Constitución. Las libertades de expresión y de opinión no legitiman el hostigamiento ni las presiones indebidas”, subrayó, refiriéndose al “hostigamiento contra la jueza Laura Beatriz De Marinis con motivo del contenido de una resolución jurisdiccional”.
Asimismo, los 91 jueces y juezas enfatizaron que “más allá de si un pronunciamiento judicial es o no compartido, es preciso subrayar que las mínimas condiciones de vigencia del Estado de Derecho y la forma republicana de gobierno –que comprende el principio de la división de poderes– imponen el respeto de las decisiones que, con base constitucional, adoptan los jueces y las juezas en ejercicio de la magistratura y en las causas de su competencia”.
“La promoción de un juicio político como respuesta al contenido de una sentencia agravia seriamente la independencia judicial, que ha sido instituida por el constituyente no en beneficio de los jueces, sino en amparo de los derechos y las garantías de las personas, para que no puedan ser avasalladas por ningún otro poder, dentro o fuera del Estado”, agregaron, destacando que el fallo fue apelado para su revisión “lo cual demuestra que el propio sistema jurídico está utilizando, como corresponde, los mecanismos adecuados”.
La jueza De Marinis sobreseyó a un adolescente de 14 años que el 10 de septiembre pasado intentó robar un celular, junto a otros menores, a un hombre en Palermo. La magistrada lo desvinculó del caso al declarar inconstitucional el artículo 1 de la nueva ley de menores, que establece 14 años como la edad mínima para ser responsabilizado penalmente. La ley, que comenzó a regir el 5 de septiembre, prevé una escala de sanciones en la que la detención es la última opción y solo para delitos graves y violentos.
La jueza argumentó que la reducción de la edad de imputabilidad es regresiva, ya que vulnera la protección integral de los derechos de los menores. También señaló que el menor se encuentra en una situación familiar y social de vulnerabilidad y que el delito por el cual fue acusado no es grave.
La decisión fue severamente criticada por el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, así como por funcionarios del gobierno nacional. El Ejecutivo porteño solicitó el juicio político para destituir a la jueza por mal desempeño.
Una voz a favor fue Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza, quien manifestó que, aunque no coincidía con el fallo, tampoco estaba de acuerdo con el pedido de juicio político.
Este fue el segundo pronunciamiento judicial que cuestionó la nueva ley. A principios de mes, una jueza en Lomas de Zamora suspendió por 60 días la aplicación de la ley en toda la provincia de Buenos Aires, lo que también le valió críticas y pedidos de juicio político, aunque su decisión fue revocada días después por la Cámara.
El fiscal Mauro Tereszko apeló la resolución de De Marinis. El caso será evaluado por los jueces de la Cámara de Apelaciones, que deberán solicitar opinión a las partes involucradas: la defensa oficial, la Fiscalía de cámara y la asesoría tutelar, quienes tienen plazo hasta este viernes para hacerlo. Posteriormente, los magistrados podrán decidir si confirman o revocan el fallo.
El Código Procesal Penal de Buenos Aires establece que una vez que se reciban las opiniones, se debe resolver de inmediato, sin plazos definidos. Se espera que la decisión se tome la semana próxima.
