Máximo y Florencia Kirchner interpusieron un recurso ante la Cámara Federal de Casación contra la decisión del TOF 2, que está integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, quienes dictaron un embargo preventivo sobre las empresas familiares.
Este embargo se estableció tras un segundo pedido de decomiso realizado por el fiscal general, Diego Luciani, en un intento por recuperar los activos obtenidos ilícitamente.
El decomiso relacionado al caso Vialidad se justifica por un principio establecido por el Tribunal, que estipula que todos los bienes que los nueve afectados incorporaron a sus patrimonios entre 2003 y 2015 -durante la realización de la maniobra fraudulenta- son susceptibles de decomiso.
En lo que respecta a Los Sauces SA, la firma inmobiliaria fue creada por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner en 2006, mientras que la empresa hotelera, que es propietaria del Alto Calafate, fue adquirida a inicios de 2008. Según el fiscal Luciani, los bienes de ambas empresas deben ser decomisados.
Por lo tanto, se implementó el embargo preventivo. A pesar de la oposición de los hijos de la expresidenta, quienes heredaron estas empresas en junio de 2016, el tribunal penal superior determinó que el reclamo para que el caso sea tratado por la Corte era inadmisible. Sin embargo, tendrán la posibilidad de presentar una queja ante el máximo tribunal.
La Sala IV, conformada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, con un voto dividido, concluyó que el recurso extraordinario federal presentado por Máximo y Florencia Kirchner carecía de bases jurídicas sólidas.
Los hijos de la exmandataria intentaban anular los embargos sobre los inmuebles de las sociedades Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., en el contexto de la ejecución de la condena derivada del caso Vialidad.
Es importante recordar que la primera fase de bienes a decomisar, que incluye un total de 111 propiedades, entre las cuales se encuentran 29 registradas a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, aún espera resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Asimismo, este segundo requerimiento continúa su trámite dentro del TOF 2. La fiscalía ha solicitado avanzar sobre un mayor número de bienes, tanto muebles como inmuebles de la familia Kirchner, incluidos 5,5 millones de dólares pertenecientes a Florencia Kirchner.
El inventario incluye el hotel Alto Calafate -de propiedad de Hotesur SA- y el departamento en San José 1111, en el que Cristina Kirchner realiza su arresto domiciliario por la condena del caso Vialidad, siendo este último un activo de Los Sauces SA.
La cantidad de bienes identificados es aún más extensa: abarca desde un chalet en Río Gallegos, pasando por la casa en El Calafate, hasta departamentos en Puerto Madero, entre otros.
La decisión de la Casación se inserta en el proceso de ejecución de la pena impuesta a Cristina Fernández de Kirchner, quien fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, por el delito de administración fraudulenta en detrimento de la administración pública.
Con la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema, el TOF 2 está realizando las gestiones necesarias para implementar el decomiso, cuyo monto actualizado asciende a $684.990.350.139,86.
En este contexto, el tribunal oral había dispuesto el 11 de agosto el embargo preventivo de trece propiedades pertenecientes a Hotesur y Los Sauces, cuyas acciones son de Máximo y Florencia Kirchner, hasta que se decida si corresponde un decomiso definitivo.
La familia Kirchner ha cuestionado tanto la legalidad como la proporcionalidad de las medidas aplicadas. El recurso presentado sostenía que los inmuebles “pertenecen a sociedades con personalidad jurídica propia, que ni estas ni sus accionistas fueron condenados en la causa Vialidad, y que los embargos, dispuestos sin un monto concreto, afectan gravemente su derecho de propiedad y el normal funcionamiento de las empresas”.
El tribunal penal había ya expresado su opinión sobre otra solicitud, al indicar que los embargos “constituyen medidas cautelares que no tienen carácter de sentencia definitiva y que no se había demostrado un agravio de imposible reparación ulterior ni una cuestión federal suficiente que habilite su revisión”.
Ante esta resolución, los representantes de Máximo y Florencia Kirchner presentaron un recurso extraordinario federal con el objetivo de llevar la disputa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En la resolución del jueves, los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, que formaron parte de la mayoría, determinaron que el recurso extraordinario “no cumplía con los requisitos necesarios para habilitar la intervención de la Corte Suprema”.
En una línea similar, manifestaron que la resolución en cuestión hacía referencia a embargos preventivos y no a un decomiso definitivo, y que los apelantes “no habían demostrado un perjuicio irreparable que permitiera igualar la decisión a una sentencia definitiva”.
El juez Mariano Borinsky, por su parte, votó en disidencia y propuso aceptar el recurso extraordinario, al argumentar que la afectación a bienes de sociedades cuyos accionistas no fueron condenados justificaba la revisión de las solicitudes ante la Corte Suprema.
Cabe recordar que anteriormente, la misma Sala IV había desestimado una queja presentada por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner contra los embargos sobre esos inmuebles, al concluir que no se cumplían los requerimientos para habilitar la intervención de Casación.
