Con 124 votos a favor y 119 en contra, además de 6 abstenciones, el Gobierno logró la aprobación del proyecto, aunque todavía queda pendiente una nueva sesión en el Senado para validar los cambios. La votación fue reñida para la presidencia de la Cámara, recibiendo incluso algunas objeciones por parte de aliados habituales, como el MID. No obstante, los cinco legisladores cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora se abstuvieron, apoyando así al oficialismo.
En el proceso de votación por partes, los artículos vinculados a la restitución de la Ley de Tierras contaron con 239 votos positivos, 4 negativos y 6 abstenciones. En esta instancia, la mayoría de la oposición, a excepción del Frente de Izquierda, respaldó los artículos 38 y 39, que restablecen la norma original que limita la compra de tierras argentinas por extranjeros. Con más de dos tercios del apoyo en el capítulo IV, esa sección del texto quedó protegida ante un posible intento de modificación en el Senado.
El artículo 38 se encarga de derogar el artículo 154 del DNU 70/23, mientras que el 39 restablece la plena vigencia de la Ley N° 26.737, conocida como Ley de Tierras. Así, vuelven a regir los límites legales sobre las hectáreas que pueden comprar personas o empresas extranjeras en territorio nacional.
El proyecto debatido había recibido media sanción en la Cámara alta el 6 de agosto pasado. En esa ocasión, ante la fuerte presión social y una notable movilización en los alrededores del Congreso, la iniciativa avanzó sin incluir capítulos sobre la compra de tierras por extranjeros, el Registro de Barrios Populares y la Ley de Manejo del Fuego. El texto aprobado por los diputados ahora deberá ser presentado nuevamente con un nuevo título, que restituye la ley original del gobierno de Cristina Kirchner, en defensa del suelo argentino.
La aprobación de esta norma con modificaciones marca otra vuelta del Gobierno. Esta vez, para atenuar un debate que la misma Corte Suprema reabrió el 29 de septiembre al revocar una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras Rurales. Poco después, el 9 de octubre, debido al rechazo popular, el máximo tribunal tuvo que emitir una nueva medida que suspendió temporariamente esa derogación mientras se continúa la discusión en la Justicia.
La actuación de la Corte desató una rápida reacción de la oposición, que buscó avanzar en el rechazo al DNU 70/23 en una sesión. Sin embargo, esa convocatoria se frustró debido a negociaciones del presidente de la Cámara, Martín Menem, con diputados aliados y dialoguistas. En un intento desesperado, el riojano propuso modificar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para reanudar la Ley de Tierras y asegurar la continuidad del decreto, lo que logró desactivar la sesión que habían convocado los opositores, quienes no lograron reunir el quórum.
Durante el debate, las intervenciones en el recinto se centraron en las contradicciones del Gobierno. La diputada Paula Penacca lo resumió en una frase: “Están dando un volantazo fenomenal”. La legisladora de Unión por la Patria enfatizó que el bloque de LLA apoyaría “una ley que Milei ya quiso desmantelar en dos ocasiones”. Al mismo tiempo, advirtió que no hay “garantías de que Milei la vete”.
En línea con esto, el massista Diego Giuliano afirmó que los libertarios regresaron “a la ley del peronismo” con la inclusión de los artículos 38 y 39. “Ha sido un giro del oficialismo para moderar la fuerte oposición que generó la extranjerización de la tierra”, afirmó, al detallar los vaivenes de la Corte Suprema y el cambio de postura del Gobierno.
Similares observaciones fueron realizadas por el diputado Pablo Juliano desde el bloque Provincias Unidas, quien describió al Gobierno como “un lavarropas que va y que viene”. En contraste, la jefa de esa bancada, Gisela Scaglia, aliada al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, consideró que se había logrado “encontrar una salida” y destacó el “diálogo político” que permitió revertir parte del decreto 70/23. “El DNU ponía a las provincias argentinas en una situación de riesgo; no puede ser que cualquiera adquiera tierras en Argentina”, sentenció.
Por su parte, la diputada Lucía Cámpora se refirió a otros aspectos del proyecto, criticando los artículos que dificultan las condiciones bajo las cuales el Estado puede expropiar bienes, demandando una causa de utilidad pública específica y la inclusión del pago del lucro cesante (con un límite del 30% sobre el daño emergente) antes de la transferencia del bien.
“Quieren modificar la ley de expropiaciones para proteger las privatizaciones. Con esto, no habríamos podido recuperar YPF, no se podría usar esa camperita que tanto le gusta al presidente, y sobre todo, no tendríamos el superávit energético que proporciona Vaca Muerta, gracias a que Cristina recuperó YPF”, declaró la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires.
El proyecto impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, contempla otros aspectos controversiales, como la disposición que establece el juicio sumarísimo para desalojos de inmuebles, tanto urbanos como rurales, una medida que fue criticada en particular por algunos diputados de Unión por la Patria.
