La gestión de Jorge Macri ha decidido adoptar una postura firme frente a las “medidas salvajes” del sindicato que preside Néstor Segovia, marcando un giro respecto a la actitud conciliadora que caracterizó la administración de Horacio Rodríguez Larreta hacia el gremialismo.
El lema “ley y orden” que promueve el jefe de Gobierno se ha transformado en un pilar fundamental para el macrismo porteño, redituando en un notable repunte de su imagen en las encuestas y, como espera, un camino más sólido hacia su reelección.
La palabra “ceder” claramente ha dejado de ser parte del vocabulario del PRO en la Ciudad, ya que implicaría debilitar una postura inflexible que podría dar alas a un sindicato que complicaría la gestión de Jorge Macri, además de perder así el apoyo electoral de aquellos votantes más alineados con Javier Milei en su distrito.
El gobierno porteño también exhibió una posición enérgica frente al Sindicato de Camioneros, particularmente ante su pedido de indemnizaciones para el personal de recolección de residuos en los contratos que se extenderán entre 2028 y 2038. Macri optó por no incluir esta demanda en la renovación del servicio, rompiendo con una tradición que siguieron su primo Mauricio y Rodríguez Larreta.
Este reclamo se refiere a la denominada “Ley Moyano”, una norma no oficial que ha permitido al sindicato obtener indemnizaciones cada vez que una empresa gana una concesión de servicios o cambia de dueños, despidiendo al personal, indemnizándolo y volviéndolo a contratar. En esencia, esta “ley” carece de respaldo jurídico y se apoya en la fuerza del sindicato que lidera los Moyano.
Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio, encabezó recientemente una movilización de trabajadores de recolección ante la Comuna I, enfatizando: “Vamos a realizar las marchas, asambleas y paros necesarios, pero defenderemos la indemnización con nuestra vida”.
Sin embargo, según se anticipó, el gobierno porteño está decidido a llevar hasta sus últimas instancias la decisión de no pagar indemnizaciones en el próximo contrato de recolección, que representan alrededor de 200 millones de dólares, considerándolas un privilegio sin justificación legal frente a los derechos de otros trabajadores.
La misma rigidez es la que Jorge Macri mantendrá en relación con los Metrodelegados. Esta mañana, respaldó las detenciones de trabajadores del subte, afirmando que “el que bloquea un servicio esencial va preso”, tras la interrupción total de las seis líneas y el Premetro que se registró el martes por la mañana.
El jefe de Gobierno, desde España, donde se encuentra en visita oficial, añadió: “En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la Justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas”.
Este choque se ha convertido también en una prueba crucial para los Metrodelegados. No sólo porque se detuvo a Néstor Segovia y Claudio Dellecarbonara, quienes se postulan el 26 de noviembre para renovar las autoridades del sindicato, sino también porque la interna se ha dividido. El oficialismo, conmovido por la muerte de Beto Pianelli, líder del sindicato, el pasado diciembre, se presentará en dos listas: una liderada por Segovia y otra por Virginia Bouvet, candidata del pianellismo. Frente a ellas, competirá una lista encabezada por Dellecarbonara, delegado de la Línea B y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), que se alió a agrupaciones combativas, pero sin la participación del Partido Obrero (PO).
En este contexto, algunos analistas sugieren que la protesta por los “descuentos ilegítimos de salarios” efectuados por la empresa Emova ha sido sobredimensionada debido a que sus principales líderes están en campaña para unas elecciones gremiales inciertas.
La imagen de Segovia y Dellecarbonara detenidos por la Policía de la Ciudad puede resultar políticamente ventajosa entre los trabajadores del subte, quienes suelen identificarse con las posiciones más combativas.
Para el gobierno porteño y la administración de Javier Milei, otro aspecto fundamental de esta disputa pone a prueba la aplicación del derecho de huelga según la Ley de Modernización Laboral, que establece la obligación de garantizar un 50% de servicios mínimos durante las huelgas, situación que se refleja actualmente en los subtes.
Asimismo, revela la complejidad del panorama sindical en el sector, ya que las autoridades de la Ciudad exigieron a los Metrodelegados cumplir con esta norma, pero no pueden declarar la conciliación obligatoria para normalizar los servicios mientras se busca una solución. Cabe recordar que los Metrodelegados no son quienes tienen la personería gremial en el sector, sino la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que cuenta con menor cantidad de afiliados, pero con un mayor poder de influencia.
¿De qué manera finalizará esta controversia? ¿Acabará realmente o será solo el comienzo de una nueva etapa? La CGT ya expresó su apoyo a los Metrodelegados, y se espera que la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) adopte medidas en respuesta a las detenciones y a la “criminalización de la protesta”. Por el momento, como suele suceder, son los usuarios de los subtes quienes continúan sufriendo las consecuencias.
