Esto significa que, en lo que resta del mes y durante noviembre, el Ministerio de Economía deberá conseguir al menos $4 billones en superávit para poder compensar el déficit que se prevé al cierre del año.
Entre enero y septiembre, el saldo acumulado fue de $15,1 billones, lo que implica que se deben reunir $1,1 billones adicionales para cumplir con el objetivo acordado con el Fondo, que es de $16,2 billones. A primera vista, alcanzar esta cifra no parece ser complicado.
Sin embargo, el déficit estacional de diciembre, debido al pago de aguinaldos y la liquidación de cuentas, representa un obstáculo. En 2022, dicho déficit ascendió a $2,8 billones. Si este año se repitiera el mismo escenario, eso significaría que Economía necesitaría lograr un superávit de $3,9 billones entre octubre y noviembre.
Lograr esto resulta complicado, ya que, en el mejor de los escenarios, el superávit requerido para cada mes debería ser de aproximadamente $1,95 billones. Este objetivo se complica en un contexto donde los recursos disminuyen y el gasto aumenta, afectado por la inflación que impacta las jubilaciones y otras prestaciones sociales que están ajustadas por ley.
A pesar de las dificultades, el FMI considera que Argentina es un modelo a seguir en un entorno global donde muchos países enfrentan déficits en sus cuentas públicas, por lo que sería poco probable que se desvíe de su apoyo, incluso si no se cumple la meta al 100%.
Eventualmente, esto podría resultar a partir de la tercera revisión del acuerdo, que se encuentra en su fase final. En los próximos días, el equipo de funcionarios que monitorea el caso argentino, encabezado por la portuguesa Joyce Wong, tendrá que finalizar el Staff Report que se enviará al Directorio. Esta instancia es crucial para aprobar la revisión y facilitar un nuevo desembolso aproximado de u$s800 millones.
En dicho reporte podría establecerse un nuevo objetivo para el 2026 por un monto inferior a los $16,2 billones actuales, lo que permitiría acreditar el cumplimiento de los objetivos fiscales.
Simultáneamente, el Ministerio de Economía también cuenta con la opción de posponer pagos, tal como sucedió en el primer cuatrimestre del año, con un incremento de la deuda flotante de $2 billones a $4 billones. Este accionar está contemplado en el acuerdo, aunque tiene sus costos políticos. A principios de año, se suspendieron pagos a médicos del hospital Garrahan, no se actualizaron salarios de universitarios y se atrasaron subsidios al transporte, lo que provocó manifestaciones en las calles.
