Esta decisión responde a una solicitud del sector financiero, además de representar un alivio para las cuentas del Estado. Según estimaciones de expertos en la materia, el costo fiscal de los FAL podría alcanzar los $ 250.000 millones cada mes.
Las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión, los fiduciarios financieros y los agentes de Bolsa han solicitado un mes adicional para ajustar sus sistemas operativos y tecnológicos antes de lanzar estos fondos destinados a cubrir indemnizaciones por despidos.
A pesar de que ya fueron publicadas las normativas reglamentarias del Poder Ejecutivo y las Resoluciones Generales de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y ARCA, el Gobierno tiene en mente extender el plazo por un mes más. Esta medida busca conciliar intereses: por un lado, el Ejecutivo se protege manteniendo el superávit fiscal, mientras que las entidades financieras y el sector privado obtienen tiempo adicional para prepararse adecuadamente.
En agosto, se había anticipado que el Gobierno consideraba una extensión, dado que la ley de Modernización Laboral permitía un plazo de hasta seis meses a partir de junio para la entrada en vigencia de los fondos. Aunque el decreto 408/2026 del Ministerio de Economía originalmente establecía el 1° de noviembre como fecha de comienzo, el Gobierno poseía la autoridad para retrasarlo un mes más.
De este modo, las empresas no realizarán contribuciones a los FAL durante noviembre de 2026, y el primer período devengado se moverá a diciembre de 2026. En consecuencia, la primera aportación se destinará a los fondos comunes de inversión y fideicomisos a partir de enero de 2027, coincidiendo con el pago de salarios correspondientes a diciembre.
