El Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina (UCA), ha manifestado que las estadísticas oficiales tienden a sobreestimar la reducción de la pobreza que se había evidenciado hasta 2025. En este contexto, advierten que “el hecho de que la pobreza vuelva a elevarse, incluso utilizando la medición sin ajustes, representa una señal especialmente relevante”.
Los datos oficiales indican que la pobreza y la indigencia experimentaron un aumento en la primera mitad de este año. El porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza fue del 32,3 por ciento, comparado con el 28,2 por ciento de finales de 2025. En el caso de la indigencia, aumentó del 6,3 al 7,5 por ciento. Además, el informe revela que el 44,5 por ciento de los niños menores de 14 años vive en hogares que se encuentran bajo la línea de pobreza, reflejando un marcado aumento respecto al 41,3 por ciento de fines de 2025, lo que confirma que los más jóvenes son los más afectados por la vulnerabilidad socioeconómica.
La inflación promedio del 3 por ciento mensual durante el primer trimestre del año elevó el umbral necesario para no caer en la pobreza. De acuerdo con el informe del Indec, una familia tipo necesitaba 1.440.395 pesos en el primer semestre para no ser considerada pobre, mientras que 669.098 pesos eran necesarios para evitar caer en la indigencia. Además, la disminución de los ingresos de numerosos hogares y las dificultades para lograr una adecuada inserción laboral, junto con el cierre de empresas, son factores que explican el agravamiento de los indicadores sociales.
Desde la UCA alertan que la cifra de pobreza del 32,3 por ciento se asemeja a los niveles del primer semestre de 2025, aunque en esta ocasión, la tendencia es contraria. Mientras que en 2025 se observaba una fase de descenso de la pobreza tras máximos alcanzados en 2024, el actual número refleja un aumento que comenzó a partir del tercer trimestre de 2025. De esta manera, el cambio de tendencia se convierte en un indicador clave.
Asimismo, la consultora Equilibra ha hecho aportes significativos al análisis de la medición del indicador de pobreza, estimando que podría haber alcanzado al 44,9 por ciento durante el primer semestre de este año. En comparación, la tasa de pobreza en el primer semestre del gobierno anterior había sido de 40,1 por ciento. Gonzalo Carrera, economista senior de la consultora, indica que hay dos problemas metodológicos con la medición oficial de la pobreza. Primero, está la definición oficial del umbral que identifica a quienes son considerados pobres. Este umbral, basado en la Canasta Básica Total, se construyó a partir de patrones de consumo de 2004/2005 y, por ende, se encuentra desactualizado. Si el Indec empleara las pautas de consumo de 2017/2018, ya disponibles pero aún no aplicadas, el ingreso mínimo requerido para superar la línea de pobreza sería mayor, incrementando así el número de personas que caerían por debajo de este umbral.
El segundo problema radica en cómo se registran los ingresos en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Esto se vuelve más complicado en períodos de alta inflación, dificultando que los hogares evaluen correctamente sus ingresos, especialmente entre los sectores medios y altos. Durante la desaceleración de la inflación, esta brecha tiende a reducirse. Además, la inclusión de nuevas preguntas en la EPH ha permitido una identificación más precisa de los ingresos de los hogares de bajos recursos, por lo que es esencial revisar la serie histórica de pobreza para asegurar la comparabilidad.
Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) mencionan un tercer problema relacionado con los ingresos de los trabajadores no registrados, que han mostrado una desconexión notable con respecto al salario mínimo, con el cual habían mantenido una relación cercana durante años. Con la aplicación de ajustes, el CEPA proyecta que la pobreza se encuentre en un 40 por ciento de la población para este primer semestre, y una tasa de indigencia del 12,3 por ciento; si se actualiza la canasta de consumo, esta cifra podría elevarse al 43 por ciento.
La Universidad Nacional de Moreno, al hacer sus propias correcciones por la subdeclaración de ingresos, estima que el flagelo de la pobreza alcanzó al 44,1 por ciento en el primer trimestre de 2026, superando incluso el 40,3 por ciento del tercer trimestre de 2023. En resumen, aunque se abordan consideraciones metodológicas, las diversas estimaciones coinciden en un punto crucial: la pobreza ha vuelto a aumentar y la tendencia a la baja observada desde el pico de 2024 se ha interrumpido. Los datos oficiales ya reflejan un deterioro que afecta a millones, mientras que las mediciones alternativas sugieren que el alcance del problema puede ser considerablemente mayor. Ante un contexto marcado por la caída de los ingresos, la precarización laboral y el aumento de precios, la recuperación social que el Gobierno celebró durante 2025 no solo ha perdido fuerza, sino que ha comenzado a revertirse.
Más allá de las variaciones transitórias, los datos evidencian una persistente estructura de pobreza que gira en torno al 30 por ciento de la población y una pobreza extrema cercana al 7 por ciento. Esto responde a “déficits acumulados” en áreas como empleo, salarios, productividad, educación, vivienda, acceso a servicios y protección social.
Si bien la desaceleración inflacionaria puede mejorar la pobreza monetaria al favorecer los ingresos reales, por sí sola no es suficiente para modificar las circunstancias estructurales. Las transferencias sociales siguen siendo un apoyo vital para los hogares más vulnerables. Según simulaciones del Observatorio, de eliminar del ingreso familiar la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros programas de asistencia, la indigencia prácticamente podría duplicarse, alcanzando entre el 14 y el 15 por ciento. Por lo tanto, el desafío es preservar y fortalecer esa protección, a la vez que se abordan las causas que perpetúan la pobreza: la informalidad laboral, los bajos salarios, la baja productividad y los déficits en educación y vivienda. Sin avances en estas áreas, cualquier estabilización económica probablemente ofrecerá solamente alivios temporales, sin lograr disminuir de manera sostenible la pobreza que afecta a cerca de un tercio de la población. En la franja etaria de 15 a 29 años, la pobreza se sitúa en 36,9 por ciento, comparado con el 28,8 por ciento de adultos de 30 a 64 años, resaltando que en la infancia el porcentaje casi duplica el promedio nacional. Las mediciones alternativas sugieren que la pobreza real oscila entre el 40 y el 44,9 por ciento, evidenciando un impacto notablemente mayor que el oficialmente reconocido.
