La comunidad mantenía un extenso litigio legal por las tierras que ocupaban. La propietaria del predio, María Cristina Broers, inició en 2012 un proceso de desalojo y, tras años de judicialización, logró recuperar parte de las hectáreas de esa zona.
Broers es dueña de 624 hectáreas, que, según las resoluciones judiciales vinculadas al caso, eran ocupadas por la lof Melo y la lof Kinxikew, que incluye a miembros de la familia Quintriqueo. A pesar de esta disputa, la propietaria siguió pagando los impuestos correspondientes al inmueble de forma regular.
El desalojo realizado en agosto solo afectó a la fracción ocupada por la lof Melo, permitiéndole a Broers recuperar el control de esa área. El juez Francisco Astoul Bonorino emitió un nuevo mandamiento para completar el proceso en el sector donde sigue la otra comunidad.
El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), organismo dependiente del poder ejecutivo provincial, había instalado varios paneles solares en el lugar para proporcionar electricidad a las familias de la lof Melo. Tras el desalojo, los operarios del EPEN regresaron para retirar los equipos, dado que la comunidad ya no estaba allí. Antes de la retirada, solicitaron la autorización de Broers, quien expresó su deseo de que los equipos permanecieran y asumió la responsabilidad de los costos operativos. Sin embargo, desde el organismo se rechazó esta propuesta, argumentando que los equipos estaban destinados exclusivamente al beneficio de la comunidad mapuche.
Además de los paneles solares, el EPEN había instalado baterías para el almacenamiento de energía, las cuales eran renovadas periódicamente. Fuentes del organismo confirmaron que estos equipos de energía alternativa son parte de un programa del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos de Neuquén, destinado a asistir a comunidades mapuches, sin importar la situación legal de las tierras que habitan.
Por otra parte, distintos organismos estatales también proveen recursos a las comunidades, incluyendo redes de agua, financiamiento no reintegrable y otros elementos para asegurar condiciones de vida adecuadas.
“Lo preocupante no es que el Estado, provincial o nacional, apoye a las comunidades mapuches, sino que lo haga al saber que residen en tierras en litigio, como sucedió con la lof Melo o con la Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi”, señalaron fuentes vinculadas al conflicto territorial.
La asistencia estatal no se limitó a la provisión de energía. Parques Nacionales también garantizó la conectividad mediante conexiones satelitales y proporcionó elementos para el abastecimiento de agua, incluyendo tanques, mangueras y bombas.
A medida que proseguía el proceso judicial iniciado por la propietaria, las familias residentes contaron con infraestructura y recursos proporcionados por entidades públicas.
A esta situación se sumó una reciente decisión del gobierno neuquino. El gobernador Rolando Figueroa otorgó la personería jurídica a la lof Melo mediante el Decreto 1402, que también fue firmado por Jorge Tobares, ministro de Gobierno provincial.
Este reconocimiento administrativo se produjo pocos días después del desalojo parcial y en un contexto de continuidad del conflicto judicial por las tierras. Desde el gobierno provincial defendieron la decisión al señalar que es un trámite habitual que se otorga en virtud del cumplimiento de requisitos establecidos. El pedido de reconocimiento había estado en trámite durante 14 años.
No obstante, esta resolución se emitió bajo la gestión de Figueroa, quien asumió el cargo en diciembre de 2023, y en un marco de litigio por el territorio. Así, el reconocimiento de la comunidad se añade a una serie de decisiones administrativas y de asistencia estatal que beneficiaron a la lof Melo mientras continuaba el litigio relacionado con la ocupación del terreno.
