El Ejecutivo mantuvo la propuesta presentada en el encuentro anterior y reiteró que cumple únicamente con el ajuste del 3% ordenado por la Justicia. Los sindicatos, por su parte, han rechazado esta oferta, argumentando que aún se requiere una recomposición de aproximadamente el 35% para llegar al nivel de diciembre de 2023.
Antes de la marcha, se decidió realizar un paro este viernes y otro el próximo martes, según confirmaron fuentes del sector. A esta acción se suma la iniciativa de algunos gremios de la UBA, que están promoviendo un paro escalonado de 23 días como medida de presión adicional, en un contexto donde las negociaciones paritarias continúan sin avances.
“Ante la falta de respuesta en el ámbito paritario y judicial, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en el marco del debate parlamentario del presupuesto 2027, nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública y el sistema científico nacional”, afirmó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en un comunicado.
Asimismo, los sindicatos ADUBA y APUBA anunciaron un cronograma de huelga escalonada en la Universidad de Buenos Aires que comenzará el 21 de septiembre y se extenderá hasta el 22 de octubre, con cese de actividades rotativo por facultad y dependencia. “No podemos permitir que un gobierno decida caprichosamente qué ley cumple y cuál no. En democracia, la ley se respeta. La Corte Suprema se pronunció en el mismo sentido que el Congreso de la Nación, y no se puede ignorar una orden judicial. Hablamos de dos poderes de la República que este gobierno no respeta”, expresó Emiliano Cagnacci, secretario general de ADUBA, quien anticipó que “nos manifestaremos en masa el 15 de octubre en la Quinta Marcha Federal Universitaria frente al Palacio de Tribunales”.
La reunión paritaria, que se había iniciado el 1° de septiembre y se reanudó este jueves, concluyó sin una nueva convocatoria y con los sindicatos dedicados a organizar la marcha federal de octubre. La postura oficial se basa en el acuerdo alcanzado el 10 de junio, que el Gobierno interpreta como un ajuste del 35%, a lo que se suma el 3% ofrecido en esta ocasión, justificando que ya se han cumplido con las actualizaciones salariales requeridas por las instancias judiciales.
Los gremios refutan este cálculo, alegando que la discusión no debe centrarse en un porcentaje aislado, sino en aplicar el mecanismo estipulado en la Ley de Financiamiento Universitario. Aseguran que aún queda un 23% de recomposición necesario para igualar los salarios a diciembre de 2023.
Es importante destacar que la discusión sobre salarios en el ámbito universitario transcurre por un camino distinto al debate sobre el Presupuesto 2027, aunque ambos conflictos se entrelazan. El proyecto presentado al Congreso fija un total de $7,349 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales, cifra que los rectores consideran insatisfactoria. Según el Gobierno, esto representa un aumento nominal del 20,6% respecto de la transferencia estimada para 2026 y del 53,58% en comparación con el crédito original, aunque las instituciones universitarias critican esta comparación argumentando que no toma en cuenta la inflación acumulada.
