Con los anuncios del presidente Javier Milei, la administración está evaluando extender el alcance de la Ley 26.659, conocida como “Ley Pino Solanas”, aprobada el 16 de marzo de 2011 en el primer mandato de Cristina Kirchner. Esta ley establece que la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina debe realizarse con la habilitación otorgada por la autoridad competente argentina.
En Casa Rosada se debate la posibilidad de aumentar las penalizaciones y ampliar las actividades comerciales vinculadas a las islas. Esta alternativa fue tratada en la última reunión de la mesa política, celebrada el pasado martes, y podría sumarse al esquema de sanciones ya existente contra las empresas que buscan extraer petróleo en Malvinas. Hasta el momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha denunciado a 60 empresas, en coordinación con la Procuración del Tesoro.
De continuar adelante con esta iniciativa, se incluiría en el proyecto que actualmente se encuentra en la última fase de revisión en la Secretaría de Legal y Técnica, bajo la dirección de María Ibarzabal Murphy.
La propuesta también pone en cuestión la Ley Federal de Pesca, que regula el uso y protecciones de los recursos marinos en las aguas argentinas, a pesar de que han surgido inquietudes respecto a su aplicación.
Desde el peronismo, se solicita que las empresas involucradas en la explotación de recursos pesqueros en las islas sean parte del régimen de sanciones. Esta solicitud se suma a la de otras entidades del sector que piden la inclusión específica de la pesca en el proyecto que el Ejecutivo enviará al Congreso.
Durante la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, el presidente aseguró que con esta nueva normativa “los que provean servicios a empresas vinculadas a la explotación ilegal de recursos argentinos no podrán contratar ni con el Estado ni con privados en nuestro país”. Además, mencionó que incorporará herramientas necesarias para fortalecer las capacidades del Ejército y el ejercicio de la soberanía, como la creación del Consejo de Seguridad Nacional.
En las próximas horas, Santiago Caputo, asesor presidencial, concluirá con los detalles del formato que tomará la propuesta legislativa que será presentada el próximo lunes en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con un mayor apoyo para avanzar. Se están considerando dos opciones: enviar el proyecto de manera tradicional o enviar a un funcionario al Congreso para explicar los pormenores del articulado.
En este contexto, los ministros Carlos Presti (Defensa) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), quienes estuvieron directamente involucrados en la redacción del texto, se perfilan como potenciales expositores. A pesar de esa posible participación, en Casa Rosada consideran que asistirán al Congreso cuando el proyecto sea tratado en comisión.
La intención del oficialismo es que el tratamiento legislativo comience entre finales de septiembre y principios de octubre. “Es un tema que no debería generar resistencia, por lo que esperamos que obtenga dictamen rápidamente. La idea es comenzar a discutirlo entre finales de septiembre y principios de octubre”, comentó una fuente de la mesa política.
Esta discusión legislativa se desarrolla simultáneamente con la decisión del Gobierno de avanzar contra las empresas relacionado con supuestos negocios petroleros ilegales en las Islas Malvinas, en el contexto del proyecto Sea Lion. Además, Milei anunció la construcción de una Base Naval integrada en Tierra del Fuego, cuyo financiamiento se prevé en el Presupuesto 2027 y que, como expresó el mandatario, “no compromete el superávit”. En este marco, Quirno y Presti viajarán este viernes a la provincia para inspeccionar la zona y avanzar con las obras.
“El lobby petrolero es clave. Que los ingleses convoquen a Argentina a una mesa de negociación para dialogar sobre el reparto de regalías o bloques conjuntos es un avance. Esta es nuestra última oportunidad”, afirmó una fuente cercana a la presidencia.
Desde el oficialismo informaron que la cadena nacional en la que el presidente anunció las medidas en defensa de la soberanía de las Islas Malvinas tuvo una buena recepción en redes sociales, una evaluación que el Gobierno celebró. Sin embargo, ante los resultados, optan por no “gastar el recurso” y delegan a los dos ministros la explicación de los detalles del proyecto.
