Por conflicto en SanCor, lecheros amenazan con un paro nacional , el gremio lácteo Atilra volvió a reclamar una definición de la Justicia y advirtió que la demora en el proceso de liquidación y reactivación de las plantas está profundizando el deterioro económico y social de los trabajadores y acreedores.
En un comunicado difundido este martes por su Consejo Directivo Nacional, el gremio sostuvo que ya pasaron nueve años desde que la empresa comenzó a adeudar salarios, un año y medio desde la apertura del concurso preventivo y cuatro meses desde la declaración de quiebra, sin que exista todavía una resolución de fondo firme que permita avanzar con la liquidación de los bienes y el pago de las acreencias.
El reclamo se produce mientras permanece suspendido el proceso de venta de los activos de SanCor, luego de que la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial hiciera lugar al planteo de Fidulac y concediera la apelación con efecto suspensivo.
El gremio puso el foco en que existen interesados que adquirieron los pliegos licitatorios y que, según sostuvo, están dispuestos a invertir para reactivar la producción y generar puestos de trabajo.
“La prolongada demora en la reactivación total de las plantas de la excooperativa SanCor está provocando un daño pecuniario y social irreparable, tanto a los trabajadores y sus grupos familiares, como al resto de los acreedores”, señaló Atilra.
La organización también remarcó el impacto de la crisis sobre quienes quedaron sin empleo y sobre los trabajadores que aceptaron retiros voluntarios anticipados y todavía esperan cobrar las acreencias correspondientes.
A esto sumó un reclamo vinculado con la cobertura de salud. Según el comunicado, trabajadores de la excooperativa fueron excluidos de la cobertura asistencial de la obra social por decisión de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Atilra aseguró además que durante este período sostuvo a los trabajadores con recursos propios, pero advirtió que esa asistencia llegó a un límite. “Atilra brindó contención y asistencia solidaria que hoy se encuentra agotada”, sostuvo el gremio, que describió la situación de los trabajadores como cercana a “las puertas del hambre, la desesperación, el descontrol y la anarquía”.
Impacto en el tejido social y productivo regional
La prolongada crisis de SanCor no solo afecta a una empresa, sino que desgarra el tejido productivo de las cuencas lecheras en Santa Fe y Córdoba. La parálisis de sus plantas ha generado un efecto dominó en las economías regionales, afectando a proveedores locales, transportistas y pequeños comercios que dependían del flujo económico generado por la cooperativa. Para las comunidades donde SanCor es el principal empleador, la falta de definiciones judiciales se traduce en una erosión directa del consumo y una creciente incertidumbre sobre el futuro de miles de familias que ven cómo su sustento se desvanece tras casi una década de inestabilidad.
El bloqueo legal: Fidulac y la suspensión del proceso
El corazón de la parálisis actual reside en una compleja disputa jurídica. El proceso de venta de activos, valuados en un total de u$s52,1 millones (de los cuales u$s24,7 millones corresponden a marcas y activos intangibles), se encuentra hoy en un punto muerto. La Cámara de Apelación hizo lugar a un planteo de Fidulac, concediendo un efecto suspensivo que frena cualquier avance en la liquidación. Esta traba legal impide que los grupos inversores, que ya adquirieron los pliegos licitatorios, puedan desembolsar el capital necesario para la reactivación, dejando a la empresa en un limbo donde los activos se deprecian mientras la solución productiva se aleja.
Implicancias gremiales y el escudo del Artículo 14 bis
Ante lo que consideran una “demora intolerable”, Atilra ha endurecido su postura, apelando a las garantías consagradas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El gremio advierte que el derecho a huelga y las acciones sindicales directas son el último recurso frente a una situación que roza la “anarquía social”. La mención específica a la protección constitucional subraya la gravedad del reclamo: los trabajadores ya no solo exigen salarios adeudados hace nueve años, sino la preservación de su dignidad laboral y la cobertura de salud, actualmente cercenada por decisiones administrativas. La advertencia de un paro nacional es real y busca forzar una definición política y judicial que destrabe la reactivación de las plantas.
El sindicato reconoció que el proceso requiere tiempos judiciales y que los grupos interesados en los activos también necesitan avanzar en negociaciones y alianzas para presentar sus propuestas. Sin embargo, advirtió que no está dispuesto a esperar indefinidamente una definición.
“Seguramente también comprenderán que no permaneceremos de brazos cruzados”, sostuvo el Consejo Directivo Nacional de Atilra.
En ese sentido, el gremio anticipó que avanzará con marchas, manifestaciones y peticiones, junto con trabajadores de toda la actividad, y mencionó las acciones sindicales previstas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
La advertencia suma presión sobre un proceso que ya quedó temporalmente frenado por la disputa judicial en torno al mecanismo elegido para vender los activos de SanCor. Mientras la Cámara analiza los cuestionamientos al pliego, Atilra reclama que la Justicia defina el camino para avanzar con la liquidación y, sobre todo, con la reactivación productiva.
Los activos de la excooperativa fueron valuados por la Justicia en u$s52,1 millones, con las marcas y otros bienes intangibles representando u$s24,7 millones. La resolución que defina el futuro del proceso será determinante no solo para los acreedores sino también para los grupos empresarios que analizan quedarse con los activos y para los trabajadores que todavía esperan una salida a una crisis que lleva casi una década.
