El implicado es Leandro Petersen, quien se desempeñó como director Comercial y de Marketing de la Asociación del Fútbol Argentino desde 2017, y que hace poco anunció su decisión de renunciar, en un contexto donde avanza una investigación en Estados Unidos sobre el desvío de millones de dólares provenientes de contratos de patrocinio de la selección argentina.
En el marco de esta investigación, fiscales de Florida indagan sobre diversas sociedades registradas en Estados Unidos y España, intermediarias, contratos con plataformas de criptomonedas y otras operaciones financieras que ahora están bajo la lupa del FBI y de fiscales federales de Miami y Washington.
Petersen no ofreció detalles sobre su renuncia, aunque en un evento realizado en Ezeiza mencionó que la decisión había sido discutida con Tapia antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
Con un título de licenciado en Comercialización y una especialización en marketing deportivo, Petersen había consolidado su carrera en el fútbol argentino antes de unirse a la AFA. Su trayectoria incluye roles en las áreas de comercialización y marketing de Vélez y Rosario Central, donde estableció una estrecha relación con Gonzalo Belloso. En 2017 asumió la responsabilidad comercial de la AFA, logrando una expansión internacional de la marca mediante la incorporación de numerosos patrocinadores y convenios comerciales en distintos mercados.
Según fuentes judiciales, Petersen es considerado un testigo que no se ha presentado ante el Gran Jurado de Miami, el cual investiga los movimientos financieros ilícitos de TourProdEnter en bancos estadounidenses.
El exdirectivo se encuentra en lo que en Estados Unidos se conoce como “negociación judicial” con la fiscalía, lo que podría favorecer su posición en el caso.
La investigación busca esclarecer si parte de los más de 300 millones de dólares recaudados por TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni radicada en Miami, fue desviado a través de sociedades vinculadas sin justificación económica aparente.
Documentos incluidos en la causa indican que patrocinadores como Adidas y Warner realizaron depósitos en cuentas abiertas por TourProdEnter en entidades como Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank y Synovus Bank. De allí, aproximadamente 40 millones de dólares serían transferidos a empresas como Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC y Velp LLC. Los investigadores intentan determinar si estas sociedades llevaban a cabo efectivamente actividades comerciales o si operaban como meros vehículos para redistribuir fondos.
La utilización del sistema bancario estadounidense es uno de los aspectos que fundamenta la competencia de la Justicia federal en este caso. Para los fiscales, cualquier operación que involucre bancos en Estados Unidos puede comprometer su sistema financiero, un criterio que ya se aplicó en la investigación del FIFA Gate.
En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal, compuesta por los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, tiene previsto recibir este miércoles a Luciano Pantano y su madre jubilada, quienes son señalados como testaferros de Toviggino. Ellos, por segunda vez, solicitan que se remita la causa de la mansión de 17 millones de dólares de nuevo al juez de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, considerado cercano a la AFA, y que se retire del caso a la jueza porteña Verónica Charvay.
Los jueces tendrán cinco días hábiles para emitir su voto. Hace dos meses, Casación había decidido que la Cámara en lo penal económico mantuviera la competencia del caso, respaldando a la jueza porteña Verónica Straccia, dado que los hechos de lavado ocurrieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque la mansión se ubique en Pilar.
Este pedido es crucial, ya que un sector de la Justicia y del kirchnerismo busca proteger a Tapia y Toviggino reenviando el caso a González Charvay, facilitando así un control administrativo por parte de la dirección de empresas jurídicas del gobierno de Axel Kicillof, en lugar de bajo la Inspección General de Justicia de la Nación.
En un giro táctico, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, solicitó que Barroetaveña se aparte de decidir en esta causa, argumentando que formó parte del tribunal de ética de la AFA.
