La resolución fue emitida por el juez federal Aurelio Cuello Murúa, con sede en Venado Tuerto, quien resaltó que la responsabilidad del Estado de reparar las rutas permanece vigente aún cuando las obras sean llevadas a cabo por empresas privadas. Esta decisión se tomó tras aceptar una acción de amparo presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio, del bloque Unidos para Cambiar Santa Fe, en contra de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
Cuello Murúa ordenó que el Estado nacional asuma la responsabilidad de realizar las reparaciones, ya sea a través de Vialidad Nacional, del organismo que en el futuro asuma sus funciones, o mediante las actuales o futuras concesionarias de esos corredores. El juez aclaró que la delegación de tareas no modifica la obligación estatal de asegurar el cumplimiento de esta orden judicial.
Esta resolución cobra especial importancia, dado que se emite en un momento en el que el Gobierno ha comenzado a realizar nuevas adjudicaciones dentro de la Red Federal de Concesiones. El propio documento señala que la Ruta 33 fue adjudicada a CPC SA, mientras que las rutas 7 y 8 fueron asignadas a Creditech SA y Plantel SA, así como a Basaa SA y Cecosa SA, para sus respectivos tramos. Para el juez, estos cambios en los contratos no deben ser un impedimento para la reparación de las rutas.
Di Gregorio solicitó el amparo en marzo de 2025 y ya había obtenido una medida cautelar que obligó a Vialidad a señalizar los tramos en mal estado, realizar desvíos cuando fuera necesario y llevar a cabo tareas de bacheo o relleno, tal como lo confirmó la Cámara Federal de Rosario.
No obstante, el cumplimiento de esta medida cautelar fue solo parcial. En marzo de 2026, Vialidad admitió que las obras en la ruta 33 no se habían reanudado debido a la espera de la autorización de un pedido de provisión, así como la necesidad de una ampliación presupuestaria. En un comunicado posterior, el organismo sostuvo que las limitaciones presupuestarias y financieras obstaculizaban las labores mínimas de conservación necesarias para garantizar la transitabilidad y la seguridad de la red vial.
Según informes recientes, el Gobierno recaudó más de $1,5 billones para rutas y obras viales en los últimos dos años y medio, pero solo ejecutó una cuarta parte de esa suma, destinando más de $1 billón a plazos fijos y títulos públicos para mantener el “déficit cero”. Esta situación ha llevado a la presentación de una denuncia penal por presunta malversación de fondos públicos y otros delitos posibles.
En este contexto, el juez Cuello Murúa enfatizó que las dificultades se debieron en parte a la falta de aprobaciones presupuestarias y de solicitudes de provisión que debían involucrar a la Secretaría de Transporte, al Ministerio de Economía y al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Concluyó que todos los actores involucrados incurrieron en incumplimientos dentro de sus respectivas competencias, configurando lo que denominó una “omisión comunitaria” del Estado.
Así, la orden del magistrado se enmarca en una disputa contractual entre el Estado y sus concesionarios, dejando claro que el Estado nacional tiene el deber de garantizar que las rutas 7, 8 y 33 recuperen su plena transitabilidad en el sur de Santa Fe, independientemente de quién sea el encargado de llevar a cabo las obras.
