La nueva batalla legislativa se desata en un contexto donde la inflación muestra una resistencia a la baja y el Fondo Monetario Internacional ha hecho sentir su autoridad. Durante su reciente misión en el país, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, respaldó el camino recorrido por el Gobierno, pero también advirtió sobre la necesidad de continuar acumulando reservas ante posibles turbulencias en el próximo año, además de cerrar la puerta a la posibilidad de otorgar préstamos adicionales para afrontar los requerimientos de deuda que se presentan para el año siguiente.
El presidente Milei ha insistido en asociar la emergencia inflacionaria y el “saqueo” de las reservas con la reforma de la carta orgánica que se implementó en 2012 bajo la administración de Cristina Kirchner. Su propuesta incluye la prohibición del financiamiento directo al Tesoro, busca “blindar” al Presidente del BCRA, restringir el giro de dividendos, anular las modificaciones de 2012 y eliminar las Letras Intransferibles, que Luis Caputo ha descalificado como “papelitos de colores”.
A diferencia de su primera propuesta de cerrar el Banco Central en 2023, Milei ahora opta por redefinir las funciones del organismo en el marco del nuevo esquema monetario que está promoviendo.
Mientras tanto, el Banco Central, bajo la dirección de Santiago Bausili, ha estado trabajando en los aspectos técnicos de la nueva carta orgánica. Sin embargo, aún no está claro si sus propuestas se alinean con las expectativas del FMI para consolidar una política económica coherente en caso de que se produzca un cambio en la administración gubernamental.
Las diferencias en las expectativas se plasman en el último informe del personal técnico del FMI, que advirtió en mayo sobre la persistencia de serias vulnerabilidades. Según el informe, la carta orgánica del BCRA “no protege adecuadamente su mandato, autonomía y gobernanza”, y se recomendó una reforma “-en el tiempo-” para reforzar su autonomía y establecer “salvaguardias institucionales”, incluyendo la prohibición del financiamiento monetario.
Ante estas advertencias, la respuesta del equipo liderado por Luis Caputo fue que “la carta actual del BCRA no constituye un obstáculo para el proceso de desinflación, por lo que su reforma no resulta urgente”. Sin embargo, el Gobierno consideraba prioritarias otras cuestiones en la negociación con el organismo internacional. A pesar de esto, el informe del staff incluyó la necesidad de modificar la carta orgánica antes de fin de año, aunque el detalle del proyecto sigue siendo un misterio.
Milei sostiene que su propuesta es más rigurosa, ya que requerirá el voto de dos tercios de la Cámara de Diputados, además del respaldo del Senado, para destituir al presidente del BCRA y a su directorio. También se mencionan “capas adicionales” para asegurar la independencia de las autoridades.
Aunque la normativa actual ya exige que los nombramientos sean aprobados por el Senado, esta condición a menudo se omite, ya que las designaciones suelen realizarse mediante decretos del Ejecutivo, lo cual es fácilmente modificable.
En cuanto al financiamiento del Tesoro, se plantea que la reforma que Milei propone prohibiría los adelantos transitorios, o sea, los préstamos que el BCRA debe reembolsar. Asimismo, se restringiría el giro de utilidades, de tal forma que las ganancias derivadas de cambios en los precios de los activos serían destinadas a una reserva no distribuible, mientras que los resultados del manejo de la cartera se canalizarían al Tesoro para hacer frente a la deuda.
“La reforma que el gobierno propone es que el BCRA no podrá emitir dinero sin respaldo. Además, no abordará la cuestión de la independencia del BCRA, mientras que lo que el FMI exige son ambas cosas: emitir con respaldo y garantizar la independencia”, opinó Joaquín Cottani, exviceministro de Economía del actual gobierno.
Cottani argumentó que, de salir adelante la reforma, el BCRA no tendrá acceso a adelantos al Tesoro, Letras Intransferibles o redescuentos a entidades financieras sin contar con títulos de contrapartida. Sin embargo, considera que, tal vez, el BCRA mantenga bajo control las variables de política monetaria, como los agregados monetarios, las tasas de interés o el tipo de cambio, aunque eso también podría quedar a merced de la intervención del Ministerio de Economía o del Presidente, tal como sucede actualmente.
De acuerdo con lo señalado por la Fundación Capital, el financiamiento monetario alcanzó su punto más alto durante la pandemia en 2020, llegando al 7,4% del Producto Bruto Interno (PBI). Con Milei en el poder, se estima que la asistencia al Tesoro disminuiría al 0% para 2024, incrementándose luego al 1,4% en 2025 y al 2,2% en 2026, alcanzando así el nivel más elevado de los últimos cuatro años.
El BCRA, bajo la dirección de Caputo, ha eliminado los adelantos transitorios, pero ha aumentado el giro de utilidades al Tesoro. Estas ganancias contables son tildadas de “ficticias” por ciertos economistas, ya que derivan principalmente de la devaluación del peso.
En mayo, el Banco Central giró dividendos por un total de 24,4 billones de pesos al Tesoro, de los cuales 18,4 billones se destinaron a la recompra y anulación de Letras Intransferibles, mientras que 6 billones fueron trasladados a los depósitos en pesos del Tesoro dentro del BCRA. Las autoridades argumentan que estas cifras se relacionan con resultados esperados para 2025, provenientes de la revalorización de la cartera de títulos públicos y la represión anterior de Letras Intransferibles utilizando dólares provenientes del FMI.
“El Gobierno ha conseguido prácticamente eliminar las necesidades de financiamiento del Tesoro. Sin embargo, ha utilizado las utilidades del BCRA, tanto las contables como las realizadas, generadas en los ejercicios de 2024 y 2025, para hacer transferencias a la cuenta del Tesoro. Esos recursos han sido utilizados para la compra de dólares destinados a saldar deudas en moneda extranjera, financiar pagos de deuda en pesos o cancelar Letras Intransferibles”, explicó Gonzalo Lacunza, de Empiria.
En el ámbito financiero, existe preocupación respecto a que la reforma pueda afectar a una futura gestión, al impedir que el BCRA regule las tasas de interés. Si el Tesoro necesitará un gran financiamiento y la tasa que deba ofrecer fuera excesivamente alta, el BCRA no podría emitir pesos para ajustar la oferta monetaria. Asimismo, si hubiera una abundante disponibilidad de financiamiento y el Central decidiera absorber pesos, tampoco podría hacerlo, ya que al hacerlo perdería la capacidad de volver a emitirlos.
“Durante el kirchnerismo, el BCRA se comportaba como una caja de financiamiento del Tesoro. En este sentido, le permitirían a la tesorería controlar la política monetaria a través de sus licitaciones de deuda, lo que convertiría al BCRA en un regulador pasivo, con el consiguiente debilitamiento de la efectividad en el control de la tasa de interés”, destacó un analista del sector financiero. “El proyecto es ‘cerremos el financiamiento al Tesoro y tiremos la llave al fondo del mar'”, expresó enfáticamente otro economista.
