Esta actualización se formalizó en la Resolución 1149/2026, publicada el 28 de julio en el Boletín Oficial, con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo.
Esta medida forma parte de la estrategia de privatización de Corredores Viales S.A., que era la entidad estatal responsable de la administración y mantenimiento de miles de kilómetros de rutas nacionales.
Los tramos en cuestión pertenecen a la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones (RFC), que abarca más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales.
La concesión se entregará bajo la modalidad de obra pública por peaje, de acuerdo con lo estipulado en la normativa vigente, para un lapso de 20 años.
La Etapa II-B incluye cuatro tramos esenciales, cuyos detalles son los siguientes:
– El Tramo Mediterráneo, que comprende 672 kilómetros de las rutas nacionales 7 y 35, fue adjudicado a Creditech-Plantel con una tarifa de $ 1.989,67 sin IVA. Esta empresa presentó la oferta más atractiva entre diez postulantes.
– El Tramo Puntano abarca 720 kilómetros correspondientes a las rutas nacionales 8, 36, 193 y A-005. Basaa-Cecosa ganó la concesión con una tarifa de $ 1.440,08 sin IVA, habiendo recibido propuestas de nueve empresas para esta importante conexión nacional.
– El Tramo Portuario Sur, que suma 637 kilómetros de las rutas nacionales 9 y 188, también fue adjudicado a Creditech-Plantel, esta vez con una oferta de $ 1.256,03 sin IVA. Para este corredor se recibieron siete propuestas de operadores privados.
– Finalmente, CPC S.A. se quedó con el Tramo Portuario Norte, que presenta 528 kilómetros en rutas 9, 33 y A-008, con una oferta de $ 1.856 sin IVA. En este caso, cinco consorcios disputaron la concesión en la región metropolitana de Buenos Aires.
En total, los cuatro tramos suman más de 2.500 kilómetros en puntos críticos de la red vial, que operarán bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, según la Ley 17.520 y sus modificaciones.
La Comisión Evaluadora revisó todas las ofertas económicas tras la precalificación y determinó que las adjudicaciones cumplían con los requisitos necesarios y eran las opciones más beneficiosas para el interés público.
En total, 18 empresas presentaron 41 ofertas, de las cuales algunas fueron desestimadas por la Comisión, como las de Construcciones Electromecánicas del Oeste-Edmacar, Vial Agro y Rovial-Obring, debido a incumplimientos en requisitos técnicos o económicos.
Entre los oferentes que no fueron seleccionados, destacan Rovella Carranza-JCR, IEB Construcciones-Trading MRG, Panedile Argentina-Supercemento-Eleprint y Luciano Construcciones, todos presentando propuestas competitivas en varios tramos.
Los concesionarios tendrán la obligación de llevar a cabo obras de reparación, ampliación, conservación y mantenimiento antes de implementar las tarifas. Asimismo, se incluye un esquema de nuevas explotaciones complementarias que generarán ingresos adicionales.
La supervisión del cumplimiento de los contratos estará a cargo de Vialidad Nacional, que realizará controles basados en resultados e indicadores de desempeño. Así, el Gobierno busca transferir la gestión vial a operadores privados en un marco de competencia basada en tarifas de peaje. El sistema TelePASE y Free Flow permitirá la recaudación electrónica sin barreras físicas.
El Gobierno ya ha completado la Etapa I, que abarca 741 kilómetros en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, y está llevando a cabo la Etapa II-A, que incluye más de 1.800 kilómetros que abarcan el Tramo Pampa y los accesos sur del Área Metropolitana, junto con la Etapa II-B. En cuanto a la Etapa III, se estima que sumará 3.900 kilómetros distribuidos en ocho tramos.
