El nuevo decreto 612/2026, firmado por Javier Milei y los ministros Diego Santilli y Sandra Pettovello, revisa este límite del 2% aplicado a dichos ítems al permitir que se incluya en la base de cálculo las sumas remunerativas normales y habituales pagadas mensualmente de forma convencional. Además, establece que “no integrarán la base de cálculo los conceptos que no constituyan retribuciones normales, habituales y de percepción mensual correspondientes a la categoría convencional del trabajador”, tales como premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, aguinaldo, plus vacacional, y otros conceptos que no se abonen de manera normal, habitual y mensual.
La inclusión del salario básico convencional como referencia en el decreto 407 contravino lo acordado previamente entre el Gobierno y la CGT durante la sanción de la reforma laboral. En el artículo 133, que modificó el artículo 9 de la Ley 14.250, solo se mencionaba que las contribuciones y aportes via convenio colectivo “no podrán superar el 2% de las remuneraciones de los trabajadores”, sin especificar que esto afectaría al salario básico.
Luego de este sorprendente cambio que causó inquietud en la CGT, atribuido al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sindicalistas del sector dialoguista intensificaron su comunicación con el asesor presidencial Santiago Caputo y los Menem para corregir este aspecto mediante una resolución administrativa que aclarara que se apuntaba a las remuneraciones normales y habituales, atenuando así el concepto de salario básico convencional que comprometía la sostenibilidad financiera de los sindicatos.
Las negociaciones adquirieron nuevo impulso con la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete. Junto a los Menem, convencieron a Karina Milei para dictar un decreto que apaciguara a la CGT y contribuyera a la estabilización del frente sindical.
El recién emitido decreto 612 también excluye del tope del 2% las contribuciones y aportes de empleadores destinados a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales en los convenios de trabajo, estableciendo que estos deben ser administrados y documentados por separado de otros fondos sindicales. Esto permitirá que las contribuciones de los empresarios a las obras sociales no tengan limitaciones, algo crucial para la subsistencia del sistema sindical de salud, como se observa en el sector de Camioneros, que actualmente enfrenta una crisis económica y recibe del sector una contribución de 5 mil millones de pesos mensuales, equivalente a 25 mil pesos por trabajador según lo pactado.
Este ajuste es crucial para el financiamiento sindical ya que permitirá que ciertas contribuciones patronales acordadas en los convenios queden fuera del cómputo de los límites establecidos.
El Gobierno interpreta el nuevo decreto como una derrota política para Sturzenegger, quien ha sido identificado como un promotor de cambios que afectan las cuotas solidarias y que respalda convenios y sindicatos de empresa para debilitar el gremialismo. Este cambio se presenta en un contexto en el que la administración busca facilitar el diálogo y la negociación para asegurar la reelección de Milei para los comicios nacionales de 2027.
No es coincidencia que la nueva norma, que beneficia a los sindicatos, se oficialice cuando la CGT estaba a punto de reanudar su plan de lucha contra el Gobierno, el cual contempla una movilización al Congreso para respaldar los reclamos de los jubilados. El plan de la CGT amenazaba con imitar el modelo francés de protestas, que complicó al presidente Emmanuel Macron en 2023, pero finalmente se concretará en formas de movilizaciones callejeras sin paros sectoriales o rotativos como se había anticipado.
En sus negociaciones sobre la reforma laboral, la CGT logró preservar el financiamiento de los sindicatos y los elementos centrales de las convenciones colectivas de trabajo, pilares fundamentales del modelo sindical argentino establecido por Juan Domingo Perón.
El líder de la CGT, Gerardo Martínez (UOCRA), reconoció que lograron mantener las cuotas solidarias en el proyecto oficial, además de eliminar un artículo que dejaba a las empresas fuera del rol de agentes de retención de las cuotas de afiliados, ya que esto podría desmantelar la estructura sindical. La Ley 27.802, al final, dejó sin efecto las limitaciones que proponía Sturzenegger respecto a las cuotas solidarias y solo fijó un límite del 2% sobre las remuneraciones laborales y del 0,5% para aportes, contribuciones y otros conceptos de las convenciones colectivas en beneficio de entidades que involucren a representantes de empleadores.
A pesar de este límite, los líderes gremiales aceptaron en silencio la fórmula final de esta ley al manejarse las cuotas solidarias, que son descontadas por obligación del sueldo de todos los trabajadores, afiliados o no, y que sirven para el financiamiento de los sindicatos. Sin embargo, el decreto 407, dictado a fines de mayo, sorprendió al incluir el salario básico convencional como base de cálculo para el límite del 2%, lo cual generó la necesidad de negociaciones reservadas que culminaron en el nuevo decreto que brinda un respiro al sector sindical.
