La causa se originó a partir de un operativo llevado a cabo en diciembre de 2024 en el paso fronterizo entre Brasil y Paraguay, donde las autoridades aduaneras hallaron a Kueider y Guinsel transportando más de 200.000 dólares, así como pesos argentinos y guaraníes, sin realizar la declaración obligatoria. Durante el proceso judicial, la Fiscalía argumentó que estas acciones constituyeron un delito de tentativa de contrabando y solicitó una pena de dos años y dos meses para ambos imputados.
Tras conocerse la condena, Kueider expresó que “no se han aplicado los criterios de legislación comparada en el resto del mundo con respecto a que el dinero no constituye mercadería”, y adelantó su intención de apelar la decisión.
Antes del veredicto, Kueider se declaró inocente y desestimó las imputaciones. Afirmó: “No corresponde pedir disculpas por un delito que no cometí” y reiteró que el origen del dinero era lícito y que su comportamiento no encajaba en la figura penal por la que fue enjuiciado. A pesar de sus protestas, los jueces decidieron condenarlo, pero al fijar una pena inferior a dos años y medio y dejarla en suspenso, evitaron que cumpla prisión efectiva.
Además de este caso en Paraguay, el exsenador enfrenta cargos en Argentina por lavado de activos y está involucrado en investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito. Durante los alegatos finales, Kueider insistió en que tanto él como Guinsel actuaron sin cometer delitos y anticipó que la verdad se demostrará en el proceso judicial que enfrenta en ambos países. Ninguno de los acusados declaró en las audiencias del juicio.
Kueider y Guinsel han estado bajo arresto domiciliario en Paraguay desde hace un año y medio, tiempo que será considerado en caso de que el tribunal dicte una condena firme. Simultáneamente, han sido procesados en Argentina por presunto lavado de activos relacionado con la adquisición de seis departamentos y sus respectivas cocheras en un edificio de lujo en Asunción.
El exsenador enfrenta, además, dos causas por supuesto enriquecimiento ilícito, una en el Juzgado de Garantías N° 2 de Concordia y otra en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de San Isidro. En este contexto, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó su extradición, un trámite ya aprobado por las autoridades paraguayas, cuyo desenlace definitivo aguarda una definición convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Recientemente, la Cámara Federal de San Isidro desestimó un pedido de eximición de prisión, lo que implica que Kueider podría ser detenido de inmediato si regresa a Argentina.
