Representantes de empresas y banqueros prestaron especial atención a dos aspectos económicos que el diputado y líder de La Cámpora destacó, los cuales podrían ganar relevancia conforme se acerque la campaña electoral de 2027.
Según señalaron en cámaras empresariales y en consultoras financieras, el referente del cristinismo reafirmó que un nuevo gobierno debería comenzar con la reestructuración de la deuda externa y subrayó la necesidad de revisar el manejo de tarifas de los servicios públicos. Estos son temas que han generado tensiones significativas entre la conducción económica de los gobiernos kirchneristas y el sector financiero, así como las compañías energéticas.
El diputado, quien se opuso al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional negociado por la administración del Frente de Todos en 2021, sostuvo que ningún nuevo gobierno podrá mejorar los presupuestos de educación, salud y seguridad social si continúa realizando los pagos de deuda previstos. “Cuando llegan las elecciones empiezan a decir que hay que invertir más en salud, en educación y mejorar la situación de las jubiladas y los jubilados”, manifestó. Sin embargo, agregó, “lo importante de ese diagnóstico es que digamos cómo lo vamos a hacer, porque después no pasa nada”
En ese sentido, planteó una cuestión crítica que inquieta a los acreedores de Argentina. “La condición sine qua non es decir de dónde van a salir los recursos: no hay manera de que los argentinos vivan mejor si la deuda no es reestructurada”, afirmó. Además, enfatizó que “no hay manera de hacer frente a los vencimientos externos y prometer mejor educación, tierra y acceso a la vivienda”.
Movimientos de este tipo generan inquietud sobre una posible “amenaza de default” entre bancos y fondos de inversión, indicaron desde una oficina en el microcentro. Aunque hoy el impacto es limitado, ya que el denominado “riesgo kuka”, que alude a la preocupación del gobierno frente a un potencial cambio gubernamental que podría impugnar la deuda, se percibe distante.
Aún queda tiempo antes de las elecciones y no se ha definido quién será el candidato de esta heterogénea alianza que cuenta con líderes como Cristina Kirchner y el gobernador Axel Kicillof, que están manteniendo diálogos con otros sectores del peronismo no kirchnerista. Sin embargo, el mensaje resonó en los sectores empresariales más inquietos.
Paralelamente, en las oficinas de diversas multinacionales del petróleo, gas y minería, así como entre quienes acceden al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, provocó eco la parte en la que Máximo Kirchner se refirió al sector al que ve como clave para impulsar la actividad económica.
En particular, Kirchner señaló el incremento de las ganancias de ciertas empresas y cuestionó por qué “el estado argentino le da plata a las mineras para que se lleven el litio, el cobre y el oro”. Dentro del peronismo circulan diversas propuestas sobre cómo manejar las ventajas del RIGI si se produce un cambio de gobierno.
Si bien el régimen ofrece estabilidad fiscal por 30 años, hay voces más radicales que plantean revisar acuerdos mientras que otros optan por remitir modificaciones legislativas, manteniendo los proyectos en curso. Por el momento, esto parece algo incierto, pero en un contexto de definiciones de desembolsos, se ha convertido en otro factor a considerar de cara a las primeras encuestas del año próximo.
“¿De qué sirvió recuperar Vaca Muerta si no sirve para dar beneficios a los argentinos?”, inquirió. “¿De qué sirve tener la segunda reserva de shale gas y la cuarta reserva de shale oil si pagamos la nafta como si hubiera que importarlo?”, recalcó. Esto abrió un debate que ha diferenciado al kirchnerismo incluso de otros sectores afines: la gestión de los precios de la energía.
En este contexto, resultó particularmente llamativo que el diputado camporista mencionara específicamente a Pampa Energía, ligada a Marcelo Mindlin, al señalar que “el dueño de Loma Negra”, la cementera recientemente adquirida por el holding, “decía que apagaba un horno para producir cemento porque el gas estaba caro”. Kirchner enfatizó que sería curioso que el mismo grupo que produce cemento sea el que también extrae gas y lo distribuye por todo el país: “No hay país posible si no ordenamos la Argentina, necesitamos recuperar prioridades”, afirmó.
La decisión de ajustar las tarifas había generado conflictos en las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner, fomentando el despilfarro de energía y ocasionando miles de millones de dólares en importaciones y subsidios, afectando las reservas y el equilibrio fiscal. La forma en que se trate dicho tema fue uno de los puntos de tensión más relevantes en el fallido Frente de Todos, y de hecho condujo a la salida del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien se enfrentó a técnicos afines a Cristina Kirchner y su hijo Máximo, quienes parecen compartir la misma postura ante un posible nuevo gobierno.
