“Presentaremos un proyecto de reforma constitucional para dar protección y seguridad jurídica” a las inversiones en Chaco, manifestó Zdero el 1° de marzo durante su discurso en la Legislatura.
El objetivo del proyecto era salvaguardar a los inversores “de cualquier tipo de expropiación”, y, además, prohibir “la creación de nuevos impuestos provinciales y municipales que las afecten”.
Un mes y medio después, la iniciativa había sido ingresada formalmente al parlamento. Sin embargo, dado que se trata de una enmienda, esta requiere la unanimidad de los votos en la legislatura unicameral provincial. Fue en este contexto que el peronismo, bajo el liderazgo de Jorge Capitanich, puso en duda el apoyo al proyecto.
Desde entonces, la propuesta ha quedado estancada.
“Está muy lento el tema, la verdad”, expresó con cierto descontento uno de los principales colaboradores de Zdero en el cuerpo legislativo. Según señaló, es “muy difícil” que el proyecto avance y pueda ser discutido en plenario, además de concretar la sanción.
Chaco se alinea con el Gobierno nacional y Zdero ha establecido acuerdos electorales con La Libertad Avanza para las elecciones de 2025, logrando así vencer a Capitanich en ambas contiendas. Fue uno de los primeros distritos en sumarse al RIGI, y la reforma destinada a proteger inversiones sigue esa línea.
La Constitución provincial, en su versión de 1994, establece que para aprobar una enmienda se necesita el consenso de los 32 integrantes de la Legislatura chaqueña. Este número incluye el apoyo del bloque peronista, el cual ha mostrado reticencias hacia el proyecto de Zdero.
Desde la bancada del PJ comunicaron que el oficialismo “sacó el tema de agenda”. Según manifestaron, “no lo están tratando ni charlando más”.
Además, consideraron que la presentación de una medida de este tipo fue una estrategia para “tener algo qué decir” y que se está utilizando como un recurso para desviar la atención de otros temas. “No se ha hablado más del proyecto. Ni siquiera han insistido”, señalaron.
“Nosotros tampoco hemos planteado nuestras iniciativas de reforma constitucional”, añadió la fuente consultada, quien concluyó que “se apagó” el interés.
En la actualidad, la agenda legislativa del oficialismo, que agrupa al radicalismo y a La Libertad Avanza, se centra en una propuesta relacionada con licencias gremiales.
El primer párrafo de la enmienda establece: “La Provincia del Chaco garantiza estabilidad y protección jurídica a la radicación, realización y desarrollo de inversiones productivas en su territorio, en especial aquellas comprendidas en regímenes nacionales o provinciales de promoción de inversiones”.
Asimismo, se impone como mandato constitucional la promoción activa de inversiones, asegurando previsibilidad normativa, seguridad jurídica, igualdad ante la ley y protección frente a medidas arbitrarias.
Este marco se articulará “en un contexto de desarrollo sostenible y respeto al interés público”. La propuesta resalta la inversión privada como “instrumento esencial para el desarrollo económico, la generación de empleo y la innovación”.
Conforme a estos principios, el proyecto contempla diversas prohibiciones, incluidas “la creación de nuevos tributos provinciales o municipales”. Igualmente, limita el aumento de alícuotas o la modificación de las bases imponibles existentes. Esta restricción se aplica a los gravámenes que afectan, ya sea directa o indirectamente, “las inversiones alcanzadas por esta cláusula”.
No obstante, hay excepciones; quedan fuera de esta prohibición “aquellos tributos cuya potestad tributaria sea delegada, transferida o restituida por la Nación a la Provincia después de la vigencia de esta cláusula”, siempre que su aplicación no genere una duplicación de la carga tributaria que ya existía sobre el mismo hecho imponible.
En la fundamentación de la iniciativa, el Ejecutivo aclaró que “ante un eventual proceso de descentralización fiscal nacional, la Provincia del Chaco no renuncia a percibir tributos que la Nación le transfiera o restituya”.
Se establece que la condición de “no duplicación de la carga” asegura que el inversor no ve incrementados sus costos totales, consagrando un principio de sustitución jurisdiccional donde el Estado Chaqueño captura la renta fiscal que la Nación libera, manteniendo la estabilidad para el contribuyente.
Una vez que estos mandatos sean incorporados a la Constitución provincial, la creación de tributos que no cumplan con estas reglas será considerada nula de pleno derecho. El nuevo artículo que se busca añadir “obliga a la administración a la devolución inmediata de lo percibido” indebidamente, eliminando así “la necesidad de largos procesos judiciales de repetición”. También se otorga “una herramienta de defensa sumaria al inversor”, según señaló el Poder Ejecutivo en su comunicación a la Legislatura.
El último apartado del proyecto establece que las nuevas disposiciones deben interpretarse “de manera armónica con la Constitución Nacional, los tratados internacionales vigentes y el régimen federal de distribución de competencias”.
En su fundamentación, el Gobierno enfatizó que la iniciativa “reconoce la autonomía municipal”, pero la subordina al orden constitucional superior “en relación con la promoción de inversiones”.
“Al prohibir que los gravámenes municipales afecten indirectamente las inversiones protegidas, se elimina la incertidumbre que generan las tasas locales sin contraprestación efectiva, alineando a toda la Provincia en un único objetivo de crecimiento”, concluyeron.
