Fuentes judiciales han informado que el fiscal enfatizó que es prematuro determinar la competencia del caso, limitándose solamente a su localización geográfica. Al tratarse de un asunto relacionado con el lavado de activos, considera que debe ser manejado por un tribunal especializado.
Todos los fiscales que se han pronunciado sobre la ubicación del expediente, incluyendo a Mario Villar, quien trabaja en la Casación, están de acuerdo en que el caso debe abandonar la justicia en Campana, donde se encuentra actualmente.
La causa había sido transferida a Campana luego de que los propietarios oficiales de la propiedad, el monotributista Luciano Pantano y su madre Ana Conte, quienes son investigados como posibles testaferros de las autoridades de la AFA, solicitaran al juez Adrián González Charvay que se tuviera en cuenta un argumento de competencia territorial. Charvay admitió la solicitud, la cual fue respaldada por el juez Alberto Lugones, de la Cámara Federal de San Martín.
El 15 de mayo, la Sala I de la Cámara Federal de Casación dispuso que la Cámara en lo Penal Económico debe decidir qué juez tiene la competencia para manejar este caso. Mientras se resuelva esta cuestión, el expediente permanecerá en manos del juez González Charvay, quien ha sido señalado por tener lazos con los líderes de la AFA.
La evidencia recopilada en la investigación, la cual ha cambiado de sede judicial en varias ocasiones, se dirige principalmente hacia el tesorero Toviggino. Entre los objetos recuperados de la vivienda, se halló una colección de vehículos de lujo, cuyos pagos mensuales se realizaban con una tarjeta de la AFA; un bolso, una placa conmemorativa con su nombre y un karting como los que utiliza su hijo, entre otros artículos.
Antes del allanamiento, empleados del lugar lograron retirar objetos que lo conectaban más directamente con la propiedad, como una pintura de Toviggino junto a su padre que decoraba el quincho.
Asimismo, durante su declaración por evasión impositiva, Toviggino llegó en un vehículo que estaba a nombre de Real Central, la sociedad de Pantano y Conte, que legalmente se presenta como propietaria de la quinta, que incluye un haras y un helipuerto.
La controversia se intensificó tras la revelación de que un juez del máximo tribunal penal, Carlos Mahiques, celebró allí uno de sus cumpleaños, un hecho que tanto él como su hijo, el ministro de Justicia, Bautista Mahiques, han negado.
Posteriormente a esta publicación, Mahiques renunció a la subrogancia en la sala que debía intervenir en el caso, justo cuando se generaba una disputa por la competencia.
La causa comenzó en Comodoro Py, en el juzgado de Daniel Rafecas, quien se declaró incompetente pero inició las primeras diligencias. Luego, el expediente fue transferido al fuero Penal Económico, bajo la dirección de Marcelo Aguinsky, quien profundizó las medidas hasta que Pantano y Conte lograron redirigir el caso hacia Campana.
Bajo la supervisión de González Charvay, el expediente fue tratado nuevamente, aunque perdió el ritmo acelerado que había mantenido con los otros jueces en los meses iniciales. Este camino ha estado marcado por la intervención de la Cámara Federal de San Martín, la Cámara Penal Económico, la Casación y nuevamente la Cámara.
Ahora, la resolución del caso queda en manos de los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, quienes tendrán la tarea de poner fin a la disputa por la competencia.
