La carta de Mast, cuyo contenido fue obtenido por nuestra redacción y se hizo público gracias a una revelación de Reuters, fue enviada a Rubio el 23 de abril, en un momento crítico del proceso de adjudicación de un contrato por 25 años para dragado, redragado, balizamiento y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, crucial para el 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas.
“Les escribo para alertarlos sobre un preocupante suceso relacionado con la influencia maligna de China en América Latina. Si bien ya he planteado este asunto a la Embajada de Argentina, considero que requiere la intervención de los más altos niveles del gobierno argentino”, manifestaba la misiva.
Mast alegó que la firma belga Jan De Nul, que actualmente opera la Hidrovía y es una de las finalistas, tendría “vínculos profundos y permanentes” con entidades estatales de China a través de su socio local, Servimagnus. Además, cuestionó el proceso de licitación, argumentando que los pliegos favorecían a Jan De Nul con requisitos técnicos “innecesariamente restrictivos” y un piso tarifario que limitaría la competencia.
El legislador enfatizó que “otorgar el contrato a un consorcio respaldado por China sería inaceptable y dañino para la seguridad nacional de la Argentina, de Estados Unidos y para la relación bilateral”. Esta información también fue compartida con la embajada de EE.UU. en Argentina y con la comunidad de inteligencia estadounidense.
Este contexto se enmarca en una intensa lucha internacional por uno de los contratos más significativos del gobierno de Javier Milei, que contempla inversiones aproximadas de 10.000 millones de dólares durante el periodo de concesión.
El 25 de marzo, nuestra redacción había informado que el consorcio liderado por DEME buscaba apoyo financiero y operativo de empresas estadounidenses para reforzar su propuesta competitiva ante Jan De Nul. Entre las empresas involucradas se mencionan Great Lakes Dredge & Dock (GLDD), Clear Street y el fondo KKR, además de negociaciones con organismos como la Development Finance Corporation (DFC) y la International Finance Corporation (IFC).
El creciente interés de Estados Unidos por la licitación coincide con un fuerte alineamiento político entre Milei y Trump. El gobierno argentino decidió excluir a empresas estatales extranjeras, lo que dejó fuera a compañías chinas y fue considerado un gesto hacia Washington.
Sin embargo, las acusaciones sobre la relación con China resurgieron durante el transcurso de la licitación. El consorcio de DEME presentó sus inquietudes ante funcionarios estadounidenses, como lo había reportado Bloomberg, expresando su preocupación sobre los lazos de Servimagnus con entidades chinas.
Santiago Caputo, importante asesor de Milei, viajó la semana pasada a Washington y se reunió con Mast y Michael Jensen, director senior para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU. El propio Caputo confirmó estos encuentros, donde destacó la “alianza estratégica con Argentina” y la intención de profundizarla de forma “sistémica”. Además, Bloomberg reveló que el consorcio había transmitido sus inquietudes a funcionarios norteamericanos en las semanas recientes.
Por otro lado, se obtuvo otra carta enviada el 14 de mayo directamente a Milei por el consorcio que lidera DEME, en la cual se denunciaba un presunto “sesgo” hacia Jan De Nul y se solicitaban garantías de “transparencia” y “competencia justa” en la licitación.
“Ingresamos al proceso licitatorio con optimismo, creyendo que su gobierno rompería con las viejas formas de hacer negocios en Argentina”, afirmaron los representantes del consorcio, pero advirtieron que la implementación actual del proceso mostraba inclinaciones que perjudicaban su oferta. Expresaron además que contaban con “apoyo directo” del gobierno estadounidense y mencionaron el interés de la DFC.
En uno de los apartes más críticos de la carta, se alertó que si el proceso continuaba según su “trayectoria actual”, la concesión podría dar la impresión de que los viejos modelos de negocio en Argentina persisten, lo que podría impactar negativamente en futuras inversiones en infraestructura y sectores estratégicos.
El documento también cuestionó las decisiones de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) y manifestó inquietudes sobre las evaluaciones técnicas, así como el mecanismo de reclamaciones, que requiere una garantía de 10 millones de dólares para disputar decisiones administrativas.
Mientras tanto, la licitación continuó avanzando. El 19 de mayo se llevó a cabo la apertura del tercer y último sobre, correspondiente a la oferta económica. Tanto Jan De Nul como DEME ofertaron el límite de la banda tarifaria estipulada, pero debido a la mayor calificación que obtuvo Jan De Nul en la evaluación técnica, se posicionó favorablemente para ganar la concesión.
A pesar de esto, la licitación sigue marcada por la controversia. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) emitió un dictamen recientemente advirtiendo sobre posibles irregularidades y un eventual “direccionamiento” del proceso. El gobierno, por su parte, ha desestimado estas alegaciones, afirmando que la licitación fue auditada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), además de contar con la participación activa de usuarios de la Hidrovía, como exportadores y productores.
Tras la apertura del último sobre, DEME adoptó una postura más dura, manifestando “serias dudas” respecto al procedimiento. La firma criticó la exigencia de la garantía de 10 millones de dólares para impugnar decisiones administrativas y dejó abierta la opción de apelar el resultado.
“Esperábamos que hubiera una licitación justa”, expresó la empresa a través de un comunicado. Asimismo, anunció que revisará los resultados junto a sus socios estadounidenses —GLDD, Clear Street y KKR— y considerará “los pasos a seguir”.
En respuesta a las acusaciones de Mast y los supuestos vínculos con China, tanto Jan De Nul como Servimagnus negaron firmemente dichas afirmaciones.
“El proceso de licitación pública es transparente y ha recibido el apoyo y el consenso mayoritario de todos los usuarios de la VNT que lo han manifestado formalmente”, indicaron las empresas en una declaración conjunta. Añadieron que “las referencias que buscan instalar un supuesto vínculo de JDN y Servimagnus con capitales y empresas chinas” son infundadas.
