La financiación se llevará a cabo a través de la ampliación de emisiones de Letras del Tesoro capitalizables en pesos (Lecaps), con plazos de vencimiento que van desde julio hasta septiembre de 2026. Esto implica que el Gobierno incurrirá en deuda para realizar el aporte.
El PAMI, la obra social más grande de América Latina, cuenta con 5.405.216 afiliados, incluidos los veteranos de Malvinas. Actualmente, el organismo se encuentra en una situación compleja debido a las deudas que el Tesoro nacional mantiene con el Ministerio de Salud, así como a los retrasos en los pagos que han sido denunciados por prestadores privados. Este panorama ha llevado a algunos de ellos a restringir servicios o a exigir un aumento en los copagos a los pacientes.
La consultora Outlier señala que en el primer cuatrimestre se produjo una caída real anual del 10,5% en las transferencias corrientes del sector público al PAMI, lo que ha provocado un incremento de la deuda flotante del organismo y ha motivado reclamos públicos de parte de los prestadores.
El aporte, según los expertos, “permitiría ponerse al día al sector público y al PAMI, sin incrementar el gasto primario en mayo, ya que se contabilizaría por debajo de la línea como una aplicación financiera”.
Por su parte, desde el PAMI explicaron que “el aporte se va a realizar de manera escalonada durante tres meses y no significa emisión monetaria, sino que se trata de un instrumento financiero que permite conservar el orden económico y proteger los recursos del Instituto”.
El plan del Gobierno contempla la distribución del financiamiento en tres instrumentos: un 33% en una letra con vencimiento el 31 de julio de 2026, otro 33% en una letra a vencer el 31 de agosto y el 34% restante en un instrumento que vencerá el 30 de septiembre. Las letras se entregarán al PAMI a valor técnico calculado al 18 de mayo. Economía justificó esta decisión dada la “crítica situación financiera” del organismo, asegurando que la operación respeta los límites establecidos por la Ley de Presupuesto 2026.
Cabe recordar que este mecanismo ya se había utilizado previamente, como ocurrió a comienzos de 2024 para abordar la deuda flotante con generadoras eléctricas.
La normativa estipula que estas Letras del Tesoro deben ser “reembolsadas en el mismo ejercicio financiero en que se emiten”, en cumplimiento con la Ley de Presupuesto General para 2026.
El PAMI reportó un presupuesto de $ 8,85 billones el año pasado, donde el 80% correspondió a recursos operativos y el 20% a aportes del Tesoro Nacional. En el ámbito privado, se estima que el Ministerio de Economía le adeuda al PAMI aproximadamente US$ 1.000 millones, equivalente a $ 1,40 billones o casi el 14% del presupuesto del organismo para 2026, que se sitúa en $ 10,17 billones. Además, el instituto ha padecido las consecuencias de la caída en la recaudación nacional, apoyándose no solo en sus propios recursos, sino también en aportes de jubilados y trabajadores activos.
Desde el PAMI enfatizaron que el organismo “no está desfinanciado. Está ordenando un sistema que durante años acumuló desvíos, falta de trazabilidad y una enorme presión financiera producto de la falta de controles”.
