Por otro lado, se prevé que los precios que perciben los productores se incrementen en más del 2%, lo que representa un aumento de cerca de US$ 5 por tonelada, tanto para la mercadería disponible como para los contratos de cosecha.
Estas proyecciones provienen de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y están fundamentadas en el volumen de mercadería que aún queda por exportar del ciclo 2025/26, así como en las estimaciones de producción de la campaña 2026/27, que recién inicia su siembra en áreas limitadas de la región agrícola nacional.
En un contexto de aumento de los costos productivos, impulsados por la crisis en Medio Oriente y márgenes ajustados, esta iniciativa podría ayudar a mejorar parcialmente la rentabilidad de los productores.
La BCR estima que esta medida puede elevar la capacidad de pago de los exportadores y la industria entre un 2,3% y 2,4%. Como resultado, el incremento en los precios que recibirían los productores se debería situar entre US$ 4,8 y US$ 4,9 por tonelada, alcanzando casi los US$ 229,4 por tonelada para la mercadería disponible.
Respecto al impacto fiscal de la reducción de 2 puntos porcentuales en los derechos de exportación de estos cereales de invierno, el análisis se basó en el volumen que queda por exportar de la campaña actual y las proyecciones de producción y embarques para el ciclo que empezará en diciembre. Así, se estima que el Estado dejaría de percibir US$ 107,2 millones en este concepto.
Para el ciclo 2025/26, aún restan por vender al exterior 5,3 millones de toneladas de trigo, 500.000 toneladas de cebada cervecera y 200.000 toneladas de cebada forrajera. “Basándose en los precios FOB promedio del periodo de junio a noviembre de este año, el costo fiscal para el trigo sería de US$ 26,2 millones, mientras que para la cebada total se calcularía en US$ 3,3 millones”, indicó la BCR.
“Este costo podría reducirse si se considera que la disminución de las retenciones estimula las exportaciones, llevando el total de exportaciones para el ciclo triguero 2025/26 a 20 millones de toneladas. En tal caso, el costo fiscal se limitaría a solo US$ 12,7 millones para el trigo”, aclaró el informe.
El mayor costo fiscal se percibirá en la próxima campaña, cuyas estimaciones de producción y exportación son aún preliminares, aunque ya se anticipa que el volumen a cosechar y enviar será inferior al registrado en el ciclo actual.
Según las proyecciones de intención de siembra de mayo, el costo fiscal total de esta reducción asciende a US$ 78 millones entre trigo y cebada, aunque este impacto podría ser compensado “por el aumento en la producción y el comercio externo en la campaña fina”.
“Por ejemplo, si las exportaciones de trigo para 2026/27 aumentan a 13,5 millones de toneladas, el costo fiscal de la medida bajaría a US$ 47 millones para ese cereal; si llegaran a 14,5 millones, el costo se ajustaría a US$ 34 millones”, ejemplificó la BCR.
Coincidiendo con esta evaluación, la consultora AZ-Group estimó que, considerando el volumen de trigo pendiente de exportar de la campaña 2025/26, “el fisco dejaría de recaudar alrededor de US$ 24 millones”.
“Los cálculos se fundamentan en una exportación potencial de 19 millones de toneladas; de las cuales ya hay DJVE por 13,7 millones. Así, quedarían 5,3 millones para exportar, que tributarían a la nueva alícuota de derechos de exportación. Con un precio FOB actual de US$ 229 por tonelada, se dejarían de recaudar US$ 24 millones, al perder 4,56 por tonelada FOB”, explicó Nicolás Udaquiola, director de la consultora.
