El Senado llevará a cabo una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversiones para discutir el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, el cual busca ratificar el acuerdo alcanzado con aquellos bonistas que no participaron en el canje de deuda posterior al default. La iniciativa también incluye la autorización para que el Estado argentino cumpla con las obligaciones derivadas de estos litigios.
La reunión será liderada por Agustín Monteverde, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, junto a Martín Goerling Lara, presidente de la Comisión de Economía Nacional e Inversiones. También intervendrán funcionarios del Ejecutivo como Sebastián Amerio, procurador del Tesoro Nacional; José Ignacio García Hamilton, secretario legal del Ministerio de Economía; y Juan Ignacio Stampalija, subprocurador del Tesoro Nacional.
El requerimiento para retornar a comisión
A finales de abril, La Libertad Avanza había logrado un dictamen de mayoría sobre el proyecto. No obstante, el procurador del Tesoro notificó la semana pasada sobre una extensión hasta el 31 de mayo para la ratificación del acuerdo, cuando originalmente se había establecido para el 30 de abril.
La modificación no fue comunicada previamente a los aliados del oficialismo en la Cámara alta, lo que resultó en el retiro del expediente que se iba a tratar en la última sesión y la convocatoria a una nueva reunión para que funcionarios del Ejecutivo explicaran las modificaciones introducidas.
Patricia Bullrich, líder del bloque oficialista, dirigió las negociaciones con algunos sectores de la oposición. Simultáneamente, Agustín Monteverde solicitó que el proyecto regresara a la comisión en el recinto.
Tras la firma de los dictámenes que se prevé para este martes, el oficialismo espera llevar la iniciativa al pleno del Senado en la próxima sesión.
Detalles de la adenda del acuerdo
Según el texto oficial, la adenda solo actualiza la lista de bonos incluidos en el Anexo A para ajustar la información sobre la tenencia reportada por los acreedores.
El Gobierno afirma que esta modificación “no altera el monto del acuerdo, no amplía obligaciones para la República Argentina y no genera exposición adicional alguna”. Además, enfatiza que el acuerdo de conciliación establece una exoneración total para el Estado argentino.
El monto total del acuerdo se mantiene en 104 millones de dólares, calculado exclusivamente en base a sentencias emitidas por tribunales estadounidenses.
