Amarante investiga a Tapia y a la AFA por la supuesta apropiación indebida de aportes previsionales, además de otras irregularidades tributarias, que sumarían más de 19 mil millones de pesos. Hasta el momento, el juez ha interrogado a Tapia, al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y a otros directivos del fútbol argentino, y se encuentra en el proceso de definir su situación legal.
El dirigente había presentado la solicitud, pero el juez evaluó que existían imprecisiones en los motivos expuestos. También se consideró que la documentación presentada estaba desfallecida y se tuvieron en cuenta antecedentes negativos de su conducta, según información judicial.
“Si bien recientemente este tribunal ha concedido autorizaciones para salir del territorio nacional al nombrado, la solicitud actual se proyecta bajo una modalidad genérica que difiere sustancialmente de los permisos excepcionales y acotados que fueron materia de pronunciamientos anteriores”, se indica en la resolución del juez.
Además, se menciona: “La indeterminación de los destinos y la falta de una agenda cerrada en la solicitud de autos obstaculizan el objetivo de velar por la constante sujeción del encausado a la jurisdicción de este tribunal”.
El juez destacó lo “inusual que resultan” las solicitudes de Tapia para salir del país, considerando su rol público en la C.E.A.M.S.E, donde percibe “aproximadamente” 19 millones de pesos mensuales.
“Todo ello sin mencionar, ciertamente, lo inusual que resulta conocer sobre la situación de quien reviste un cargo público por el que percibe -según él mismo expresara en su declaración indagatoria- aproximadamente $ 19.000.000 al mes, y que paralelamente haga saber que más de un tercio de su tiempo lo pasa en el exterior del país, atendiendo compromisos vinculados a otras actividades”.
Los permisos previos de Tapia para salir del país ya han sido objeto de controversia. Amarante le había negado una solicitud para viajar a Caracas, Venezuela. Aunque no fue expuesto como razón ante el tribunal, se cree que su intención era regresar en el mismo vuelo que el gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela en diciembre de 2024 y liberado el 1 de marzo.
La decisión judicial rechazó esta posibilidad, en parte por la frágil relación diplomática entre ambos países, así como porque Tapia no solicitó “permiso” para este viaje, sino que simplemente comunicó su intención como parte de otra travesía previamente autorizada.
“En una oportunidad anterior, habiéndose otorgado un permiso para destinos específicos, el encartado pretendió modificar su itinerario de forma unilateral una vez que se encontraba fuera del territorio nacional”, recordó el juez Amarante en su resolución. En este contexto, se aludió a Gallo y a la supuesta intención no declarada de Tapia.
