La acumulación de deudas con el Estado es una práctica estructural y recurrente en el sector regulado argentino. Históricamente, las distribuidoras de gas y electricidad utilizaron los pasivos con los proveedores estatales mayoristas, Enarsa en el sector gasífero y Cammesa en el eléctrico, como un mecanismo para obtener liquidez y cubrirse frente a los desfasajes tarifarios, la alta inflación o las demoras en la actualización de tarifas.
Sin embargo, las circunstancias actuales favorecen a las empresas, que recuperaron margen tras la actualización tarifaria aprobada por el Gobierno. De acuerdo con datos de una consultora de estudios energéticos, la factura promedio de gas aumentó un 1.079 por ciento entre diciembre de 2023 y julio de 2026.
Con la Revisión Quinquenal Tarifaria, vigente desde mayo de 2025 hasta abril de 2030, los segmentos de transporte y distribución se ajustan mensualmente mediante una fórmula que combina la inflación minorista y la mayorista.
A esos aumentos se suman cuotas mensuales para recomponer los ingresos de las empresas por inversiones acordadas. También inciden en el precio del fluido en el punto de ingreso al sistema las variaciones del tipo de cambio y el contexto internacional, ya que esos valores están dolarizados.
El monto final que paga cada hogar depende, además, de su categoría dentro del esquema de subsidios.
La distribuidora no es un caso aislado: otras empresas del sector también mantienen deudas con Enarsa. Una distribuidora de gas aprobó en septiembre el reparto de unos 83.000 millones de pesos, mientras acumulaba un pasivo cercano a los 93.000 millones con la empresa estatal.
En el mercado eléctrico se repite la situación. Durante años, las distribuidoras, tanto las que operan en el área metropolitana como las provinciales, acumularon deudas impagas de gran magnitud con Cammesa, bajo el argumento del congelamiento tarifario. Esa conducta sistémica derivó en sucesivos regímenes de regularización, canjes de deuda y hasta mecanismos de compensación y condonación aprobados por el Congreso.
La pregunta es hasta qué punto el esquema regulatorio actual permite que el capital transnacional retire liquidez del país mediante dividendos mientras deja pendientes obligaciones corrientes con empresas públicas. Según datos del Banco Central de la semana pasada, las transferencias de utilidades y dividendos sumaron 4.063 millones de dólares durante los primeros nueve meses de 2026.
El Gobierno autorizó los giros de utilidades correspondientes a los ejercicios de 2025, cuyos balances se auditan y liquidan al año siguiente. Por ese motivo, las transferencias efectivas a las casas matrices comenzaron a concretarse a principios de 2026.
Las corporaciones extranjeras del sector energético aprovechan cada ventana legal o resquicio normativo para convertir su liquidez a dólares y sacarla del país.
El esquema contrasta con el discurso oficial de “saneamiento fiscal” y la motosierra del gobierno de Javier Milei. Mientras se promueven el equilibrio fiscal estricto, la presión sobre las cuentas públicas y la exigencia de “responsabilidad financiera” a ciudadanos y provincias, a las empresas privadas de energía se les permite cierta “flexibilidad de pagos” frente a organismos estatales como Enarsa. Esto afecta los ingresos públicos que deberían nutrir la caja energética nacional.
En un mercado cambiario fuertemente vigilado o en proceso de normalización de los flujos de capitales, la salida anticipada de más de 23 millones de dólares en dividendos presiona sobre las reservas. Se trata de un dividendo anticipado: un reparto a cuenta de las ganancias del año, antes del cierre del balance anual.
La compañía comunicó la decisión de girar utilidades a la Comisión Nacional de Valores y a Bolsas y Mercados Argentinos como hecho relevante. El directorio la aprobó “por mayoría de votos computables” y el dinero se distribuirá entre los accionistas de acuerdo con la participación de cada uno.
