Poco antes de la medianoche del lunes, Cormick rechazó la solicitud del Gobierno de anular la cautelar que había sido emitida a favor de las universidades. La decisión fue inicialmente confirmada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, y posteriormente ratificada por la Corte Suprema el 25 de junio. Este alto tribunal, fiel a su estilo, había demorado las definiciones sobre la medida cautelar que obliga a cumplir con la LFEU, pero finalmente decidió emitir su fallo dos semanas después de un acercamiento entre los gremios, las universidades y la administración libertaria.
El 10 de junio, el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, informó a Cormick que había llegado a un acuerdo entre el CIN, la Subsecretaría de Políticas Universitarias y los gremios. Según las actas de la reunión, el Gobierno se comprometía a transferir un 24,33 por ciento a las universidades para el pago de salarios, que consistiría en un 21 por ciento en junio y un 3 por ciento adicional en octubre. A su vez, se prometió una actualización del 20 por ciento en los gastos de funcionamiento y un incremento en la partida para los hospitales universitarios.
Sin embargo, tras presentar el acta como un intento de atenuar el reclamo ante los tribunales, desde el CIN respondieron que la firma de dicho documento no implicaba renunciar a su postura, calificando la oferta como “una gota en medio del océano de los incumplimientos del Poder Ejecutivo”. El 21 de agosto, el Poder Ejecutivo volvió a solicitar a Cormick que levantara la cautelar. En su argumentación, el Gobierno sostuvo que, tras realizar transferencias parciales en favor de las universidades, se había desvinculado el requisito del peligro en la demora. No obstante, el juez desestimó este planteo, recordando a las autoridades que la cautelar permanecería vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva.
Las universidades exigen que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025 del Gobierno de Milei, que suspende en la práctica el cumplimiento de la LFEU. Cormick enfatizó que, a su juicio, el incumplimiento seguía vigente. “Se vislumbra que el Estado nacional no ha logrado demostrar el impacto positivo sobreviniente que refiere habrían alcanzado los acuerdos en relación a los perjuicios graves de imposible reparación ulterior, ni que hubiese brindado una definición efectiva y final en lo atinente al deterioro de los ingresos, la disminución del poder adquisitivo y la pérdida salarial del colectivo afectado”, sostuvo.
El magistrado agregó: “Atendiendo al escenario descripto por los accionantes y la persistencia de la problemática, mal puede considerarse superado el peligro en la demora, por lo que corresponde desestimar lo peticionado atendiendo a que no existen razones que avalen –en este estado de situación– el levantamiento de la medida otorgada”. En resumen, para el juzgado está claro que el Gobierno está tratando de dilatar para continuar con el desfinanciamiento de las universidades. En otro fallo, Cormick también respaldó un reclamo presentado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y, alineado con lo que sostenía el expediente del CIN, concedió una medida cautelar.
Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del CIN, manifestó: “La resolución del juez es un paso muy importante que valoramos en el marco de la causa y que pone otra vez en evidencia que el Estado Nacional debe cumplir la cautelar sin más dilaciones, sin más excusas. Además, esperamos ahora una rápida resolución sobre la cuestión de fondo que aún está pendiente”. En un plazo de tres días, el Gobierno debe informar a Cormick sobre las acciones realizadas para cumplir con la cautelar dictada a finales del año anterior. Luego de recibir este informe, el juez decidirá cómo proceder con la ejecución de la cautelar.
El acta que el Gobierno utilizó como evidencia comprometedora de su compromiso con el financiamiento de las universidades también especificaba que debía convocar a una nueva reunión en un plazo de tres meses. La fecha límite para esta convocatoria estaba fijada para el 15 de septiembre. Uno de los puntos destacados en el acuerdo era que se debería abordar el “desfasaje” que se había producido en 2024.
El encuentro tuvo lugar este martes y resultó ser un fracaso rotundo. La propuesta oficial fue un incremento del 3 por ciento para septiembre. Desde el Ministerio de Capital Humano presentaron la oferta como la suma de un 6 por ciento –3 por ciento para el próximo mes y un 3 por ciento en octubre–. Sin embargo, el aumento de octubre ya había sido acordado durante la reunión de junio. Los representantes del frente universitario respondieron que la oferta estaba muy por debajo del 31,2 por ciento que estaban reclamando. Este porcentaje, sostienen los gremios, debe incluirse junto con la inflación registrada en junio, julio y agosto.
“El escenario, ante el incumplimiento de la ley por parte del Gobierno, es muy complejo”, añadió Bartolacci. “En pocas semanas estaremos discutiendo en el Congreso el presupuesto 2027. La situación que atraviesa el sistema universitario es muy delicada. Este viernes tenemos plenario del CIN en la Universidad Nacional de Río Negro. Allí evaluaremos, junto a las autoridades de todas las universidades públicas en la reunión del CIN y con todas las representaciones gremiales en un encuentro ya previsto, los pasos a seguir”.
