El juez, a cargo del Juzgado Federal N°3 de La Plata, lleva adelante un caso en el que se imputa a Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB y Ramallo, responsables de la comercialización y producción del opiáceo en mal estado, respectivamente, junto con otras 13 personas relacionadas con estas empresas, incluido su hermano Diego. En relación con la investigación sobre la posible negligencia o falta de control de la ANMAT sobre estas compañías, los nuevos elementos añadidos a la declaración de Bisio llevaron al juez a programar una nueva citación para el lunes, aplazando así su resolución.
La situación de Bisio y de Gabriela Mantecón Fumadó, quien ocupaba el segundo cargo en la ANMAT y era responsable de interrumpir la producción, distribución y venta de medicamentos en caso de ser necesario, es particularmente incierta, dado que la mayoría de los imputados de HLB y Ramallo están a la espera de que el tribunal superior resuelva sus apelaciones.
Ambas funcionarias fueron detenidas el 4 de agosto por solicitud de Laura Roteta, a cargo de la Fiscalía Federal Nº1 de La Plata, y de Sergio Rodríguez, director de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Posteriormente, fueron liberadas tras pagar una fianza de 150 millones de pesos.
Sin embargo, antes de su liberación, Bisio optó por no responder a las preguntas del juzgado, a diferencia de Mantecón Fumadó, quien brindó respuestas durante un interrogatorio que duró entre cuatro y cinco horas. Bisio, en su defensa, presentó un documento que sostiene que su participación en ciertos procesos específicos de la ANMAT estaba limitada, alegando que varios detalles operativos de las áreas le excedían. Este nuevo pedido de ampliación de su declaración continuaría en esta línea, según informaron fuentes judiciales.
Cabe recordar que Bisio conoce bien los procedimientos del organismo, habiendo sido designada como directora de la ANMAT en diciembre de 2023, cuando asumió el presidente Javier Milei. Contando con 30 años de experiencia en la institución que regula los medicamentos en Argentina, su testimonio es relevante en este contexto.
La investigación por el fentanilo contaminado, un opiáceo comúnmente utilizado en terapia intensiva y cirugías, se intensificó el 3 de agosto con la publicación de un dictamen de casi 200 páginas del Ministerio Público Fiscal, donde se indicaba la necesidad de arrestar a Bisio y Mantecón Fumadó. Los fiscales argumentan que, además del daño irreparable causado por los laboratorios, el accionar de la ANMAT fue tan cuestionable que, de haber actuado de manera diferente, se podrían haber evitado las muertes y el sufrimiento de los sobrevivientes que consumieron la droga adulterada.
El documento fiscal también destaca una inspección de INAME a la planta de Laboratorios Ramallo, que reveló deficiencias “críticas y mayores” en relación con las buenas prácticas de fabricación a fines de 2025. Es la segunda vez que Bisio solicita ampliar su declaración; en un primer intento significativo en septiembre de 2025, admitió haber mantenido una reunión en enero de ese año con los laboratorios imputados, algo que había negado anteriormente. Intentó distanciarse de Mantecón Fumadó, alegando que su ex subordinada la había inducido a participar en dicha reunión.
En los próximos días, el juez deberá decidir entre tres opciones respecto a las funcionarias de la ANMAT: procesarlas si considera que hay suficientes elementos para sostener un juicio; sobreseerlas si determina que no existen fundamentos en su contra; o dictar falta de mérito, lo que mantendría abierta la posibilidad de futuras pruebas que aclaren su presunta participación en los hechos.
