Venta de bebés: solicitan llevar a juicio a otra obstetra por falsificación de identidad de dos menores

En las últimas semanas, una médica que asistía partos en Rosario se ha visto implicada en una causa relacionada con el robo de identidad por segunda vez. La fiscalía federal ha solicitado que se eleve a juicio el caso de Olga Concepción Artale de Silva, obstetra de 87 años, acusada de emitir certificados falsos que permitieron inscribir a dos niñas como hijas biológicas de familias que no corresponden. Su situación guarda similitudes con la de otra obstetra, investigada por la presunta venta de bebés. Artale de Silva enfrenta cargos por supresión y alteración del estado civil de menores de 10 años, así como por falsedad ideológica de documento público. El requerimiento fue realizado por la fiscal federal Soledad García, junto con el fiscal coadyuvante Andrés Montefeltro y la abogada querellante Julia Giordano, tras la confirmación del procesamiento sin prisión preventiva dictado el 3 de agosto por el juez federal Carlos Vera Barros. Es importante destacar que este caso no está vinculado a la investigación contra la otra obstetra mencionada. Esta partera ha sido acusada de separar a bebés de sus madres y entregarlos a cambio de dinero entre 1968 y 1980. Ambos expedientes, sin embargo, comparten un patrón común: la firma de un profesional que confería una apariencia legal a entregas irregulares. El caso contra Artale de Silva se originó a partir de las denuncias de Ana Carolina Alzugaray en 2022 y de Romina Elisabet Lobos en 2023, quienes descubrieron que no eran las hijas biológicas de quienes las habían criado. Alzugaray, quien creció en Maciel junto a Clorinda Carolina Ceresole y José Manuel Alzugaray, había tenido conocimiento desde corta edad de su origen. Sin embargo, su partida de nacimiento afirmaba que había nacido el 11 de junio de 1981 como hija biológica de esa pareja. Su padre de crianza le mencionó que el contacto se había producido a través de una hermana de la médica, amiga de Ceresole. En una vivienda de calle Richieri al 2000 en Rosario, Alzugaray fue entregada a esa familia. A pesar de sus intentos de contactar a la obstetra para averiguar sobre su madre biológica, esta le respondió que no recordaba nada y le solicitó no volver a llamar. Durante casi 30 años, Alzugaray conoció a Lobos, quien también descubrió en su adultez que no era la hija biológica de Esther Candusso y José Francisco Lobos. Su partida de nacimiento también fue certificada por la misma obstetra, fechada el 5 de agosto de 1982, con una filiación inexistente. Según la investigación, en ambos casos, Artale de Silva proporcionó un certificado de nacido vivo que permitía a las familias anotar a las niñas en el Registro Civil. Se realizaron pruebas genéticas por el Cuerpo Médico Legal de Santa Fe y el Equipo Argentino de Antropología Forense, cuyos análisis, confirmados por el Banco Nacional de Datos Genéticos, descartaron cualquier vínculo biológico entre las mujeres y quienes figuraban como sus padres. Cuando la obstetra fue convocada a indagatoria en mayo de 2025, se abstuvo de declarar, alegando “olvidos involuntarios” y un déficit cognitivo que atribuía a un accidente laboral previo y a un golpe reciente. Un primer informe del Gabinete Interdisciplinario de los tribunales federales concluyó que no estaba en condiciones de comprender el proceso, pero la querella cuestionó la falta de claridad sobre si el deterioro era temporal o permanente. Más tarde, en marzo de 2026, un nuevo examen determinó que presentaba un leve deterioro cognitivo, lo que le permitía afrontar la causa. El 2 de julio, la obstetra declaró en el caso de Alzugaray, y un mes después, Vera Barros dictó su procesamiento. En su resolución, el juez especificó que no se trataba de un mero error administrativo, ya que la médica utilizó deliberadamente un documento público para otorgar la apariencia legal a una filiación falsa, con efectos permanentes sobre la identidad de las víctimas. La fiscalía solicita ahora colaboración para localizar a las madres biológicas, y convoca a mujeres que hayan dado a luz cerca de las fechas de 11 de junio de 1981 o 5 de agosto de 1982. Aquellas con información pueden comunicarse al 341-2859127 o escribir a una dirección de contacto. En cuanto a la causa contra la otra obstetra, esta sigue evolucionando. La primera denuncia fue formulada por un hombre que descubrió, mediante un análisis de ADN, que había sido entregado a sus padres de crianza en 1978. También se sumó la denuncia de su propia hija de crianza, quien también fue apropiada. En septiembre, el juez de garantías formalizó la imputación contra esta obstetra por la identidad de una mujer inscripta como nacida el 9 de enero de 1970, rechazando el pedido de prescripción de la defensa. La resolución fue apelada, pero se confirmó en octubre. La Corte ha dictaminado que la supresión de identidad es un delito permanente, lo que significa que la prescripción comienza a contar solo cuando la víctima conoce su origen biológico. La hipótesis fiscal sugiere que esta práctica pudo haber sido sistemática durante al menos 12 años, y se cuestiona si las madres entregaron a sus hijos voluntariamente. La Cámara revocó una decisión previa que había paralizado el caso y ordenó citar a la obstetra a indagatoria, considerando que existen motivos suficientes para sospechar que cometió el delito. Desde que este asunto salió a la luz, han contactado a la fiscalía más de 60 personas con dudas sobre su identidad. Además, se identificaron siete partidas firmadas por ella. La fiscal tiene un año para completar la pesquisa, comenzando por realizar pruebas de ADN que permitan descartar lazos biológicos con quienes figuran como padres, antes de poder sostener legalmente la falsificación de certificados.