Marcos Bulgheroni, máximo responsable de Pan American Energy (PAE), la segunda mayor productora de hidrocarburos del país, manifestó que su firma está dispuesta a invertir en la producción de biocombustibles, siempre que el Congreso apruebe la reforma que permitiría la entrada de refinadoras en este mercado por primera vez en 20 años. Esta declaración tuvo lugar durante la inauguración de una estación de servicio de Axion Energy en San Agustín, provincia de Santa Fe, evento que compartió con el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Producción, Gustavo Puccini, además de realizar declaraciones exclusivas a un medio especializado.
“Es un sinsentido absoluto tener una ley que prohíbe a una refinadora argentina invertir en biocombustibles en Argentina. Resulta bastante particular que nos impidan volcar recursos en una industria donde estamos en condiciones y tenemos la voluntad de hacerlo”, aseguró Bulgheroni.
La elección de este escenario no fue casual. Santa Fe representa el 58% de la producción nacional de biodiesel en 2025, integra la Liga de Provincias Bioenergéticas y cuenta con el polo agroindustrial del Gran Rosario, el principal centro de procesamiento y exportación de soja del país.
El CEO de PAE destacó que su objetivo no es competir en el mercado local. “No queremos ir por el mercado interno, lo que buscamos es invertir para exportar en asociación con los actores actuales del sector que compartan nuestra visión”, enfatizó.
Según Bulgheroni, la compañía planea establecer alianzas estratégicas con diferentes actores del sector para expandir sus horizontes hacia mercados como Europa y Estados Unidos, evitando así entrar en conflicto con los márgenes del mercado nacional, que actualmente están reservados por ley para las pymes regionales. “En la medida en que encontremos jugadores con una visión compartida, vamos a hallar vehículos de inversión en conjunto. Eso va a incrementar el mercado global porque nos permitirá llegar a Europa, Estados Unidos y otros destinos”, detalló.
Este enfoque hacia la exportación se encuentra respaldado por las proyecciones del mercado global. La Agencia Internacional de Energía (IEA) anticipa que el consumo mundial de biocombustibles crecerá a una tasa anual del 3,4% hasta el año 2030, y se espera que represente el 6% de la demanda total de combustibles en el sector del transporte, en comparación con el 4% actual. Además, se prevé que la producción global de biodiesel alcance los 60 mil millones de litros en 2030, con un crecimiento anual acumulativo del 3,3%. A pesar de que Argentina fue el principal exportador mundial de este producto entre 2016 y 2018, el año pasado solo representó el 3% de la producción global, evidenciando el amplio potencial de expansión de la industria.
Por otro lado, el mercado europeo, que constituye el principal destino de las exportaciones argentinas, también eliminó una reciente amenaza. En julio, el Parlamento Europeo desestimó las modificaciones que la Comisión Europea había propuesto para el Reglamento 807, que pretendía catalogar la soja como una materia prima de alto riesgo ambiental, restringiendo el acceso del biodiesel argentino al bloque como fuente de energía renovable. En 2025, la Unión Europea absorbió el 100% de las exportaciones argentinas de biodiesel, valoradas en USD 322 millones, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Ahora, la Comisión deberá reescribir la norma en concordancia con las directrices del Parlamento.
Al respecto de los aspectos específicos del proyecto oficial, Bulgheroni manifestó su acuerdo con la propuesta gubernamental, aunque planteó una condición respecto al porcentaje de corte. “Coincidimos en que el precio tiene que ser competitivo, libre y negociado entre las partes. En términos de corte estamos de acuerdo con lo que propone el Gobierno, pero si se fija un porcentaje adicional, debería ser opcional para el mercado interno, porque el esfuerzo principal de las inversiones tiene que estar enfocado en proyectos de exportación”, aclaró.
La propuesta de Bullrich sugiere aumentar el corte obligatorio de biodiesel en el gasoil del 7,5% al 10% y liberar los precios, actualmente fijados por el Estado, estableciendo referencias vinculadas a la paridad de importación. Además, introduce el coprocesamiento, un mecanismo que permite a las refinadoras, como PAE, incorporar materia vegetal durante la destilación del petróleo, sin que esto implique la producción de biodiesel en sentido estricto, pero que sí contaría dentro del corte obligatorio. Este punto ha suscitado una gran resistencia por parte de las pymes, que argumentan que el corte efectivo para ellas podría disminuir del 7,5% al 7%.
Bulgheroni también analizó las razones tras el retroceso de las exportaciones en los últimos años, señalando dos factores: las restricciones regulatorias y políticas, y la brecha entre las normativas ambientales de Europa y la velocidad de adaptación de la industria local. Las exportaciones argentinas de biodiesel cayeron al 28% de la producción total en 2025, marcando el nivel más bajo desde el inicio de la industria. “Tenemos que retomar y reconquistar esos mercados internacionales con la tecnología adecuada”, evaluó.
Consultado sobre la posibilidad de que la inversión se realice en la refinería de Campana o en una planta independiente, Bulgheroni no ofreció detalles específicos sobre la ubicación. “Los proyectos los venimos estudiando desde hace varios años. Hay distintas alternativas de localización. Pero no quiero decir una cosa por otra porque mucho va a depender de cómo termine saliendo la ley. Según cuál sea el texto definitivo, algunos proyectos serán mejores que otros”, aclaró.
La refinería de Campana tiene una capacidad de procesamiento de 95.000 barriles diarios tras su ampliación en 2020, que requirió una inversión de USD 1.500 millones. Axion posee una participación de mercado del 15% en el sector de combustibles, con despachos anuales de aproximadamente 3,4 millones de metros cúbicos.
El debate en el ámbito legislativo enfrenta posturas opuestas. La Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) advirtió que el proyecto gubernamental no incluye mecanismos de protección explícitos para las plantas del interior, lo que podría comprometer hasta 10.000 empleos directos e indirectos. En contraposición, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), que agrupa a las grandes agroexportadoras, respalda la iniciativa y sostiene que las pymes han disfrutado de casi dos décadas de protección regulatoria sin realizar inversiones significativas para la producción de su propio aceite de soja, que es la materia prima clave del proceso.
