El comercio exterior argentino enfrenta su segundo día de parálisis total tras el decreto del presidente Javier Milei que desregula el servicio de practicaje y pilotaje. Esta medida derivó en un cese de actividades que afecta a terminales clave como La Plata, Dock Sud, Buenos Aires, Zárate-Campana, Quequén, Bahía Blanca y el polo de Rosario. Según el Centro de Navegación, más de 140 buques aguardan confirmación, obligando a redireccionar cargas hacia Montevideo y el sur de Brasil. Paralelamente, la Cámara Argentina de Energía advirtió sobre el riesgo inminente de desabastecimiento de nafta y gasoil debido a la detención de 12 buques tanque en diversos muelles del país.
La incertidumbre empresarial se traduce en costos logísticos asfixiantes. El empresario Martín Zocchio señaló que el desvío de contenedores a puertos alternativos genera gastos adicionales de entre u$s700 y u$s1.000 por unidad. La situación también compromete proyectos estratégicos: el banco Mariva destacó la inactividad del buque White Marlin, pieza fundamental para el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, que ya cuenta con un 75% de avance. El sector privado advierte que, aunque algunos buques de carga puedan esperar, el costo operativo acumulado impactará inevitablemente en el consumidor final.
Voces del agro y el reclamo de diálogo
Desde el sector agroexportador, Gustavo Idígoras, titular de CIARA-CEC, alertó sobre la crítica situación en el Gran Rosario, donde la cifra de barcos demorados crece a un ritmo de 30 unidades diarias, con costos de demora que oscilan entre u$s50.000 y u$s100.000 por jornada. Si bien el sector avala la desregulación para ganar competitividad, Idígoras cuestionó la falta de tacto en la ejecución del decreto. En este sentido, instó a la Prefectura Naval a convocar urgentemente a una mesa de trabajo con los prácticos para establecer una hoja de ruta que permita implementar los cambios sin detener el motor exportador del país.
