En una publicación en su cuenta de X, el letrado aclaró que el artículo 366, inciso F, del Código Procesal Penal Federal “habilita la revisión de sentencia firme cuando un órgano de aplicación de un tratado se pronuncia en una comunicación individual”.
Oneto, quien se postuló como candidato a vicegobernador bonaerense por La Libertad Avanza en 2023, destacó que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) tiene esa competencia. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, agregó, “da competencia para recibir denuncias de individuos y lo faculta a emitir dictamen”.
“Traducción: un dictamen favorable habilitaría la acción de revisión. La cosa juzgada no es el muro que dicen”, completó Oneto.
El 13 de julio, Cristina Kirchner presentó su caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, lo que fue formalmente comunicado el miércoles por sus abogados Carlos Beraldi, Javier Borrego y Rafael Valim. Su objetivo es revertir la condena en su contra por la Causa Vialidad, que la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos.
El Comité deberá abordar, en primer lugar, tres medidas cautelares. Una de ellas solicita la suspensión de su inhabilitación, otra revisa las condiciones de su prisión domiciliaria y la última busca la recomposición de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, actualmente conformada por tres magistrados.
Mariano Cúneo Libarona, exministro de Justicia, también se pronunció sobre la estrategia de Cristina Kirchner. Este jueves afirmó que “la persona enjuiciada tiene todo el derecho del mundo a recurrir y es válido su derecho a apelar en instancias internacionales”, aludiendo a la voluntad de la expresidenta.
No obstante, consideró que “no es jurídicamente viable que la ONU tome este asunto” y se cuestionó: “¿Puede un organismo internacional intervenir para cuestionar un fallo firme? El fallo de Vialidad provino de un proceso que abarcó numerosas instancias. Quince jueces determinaron que era autora de ese delito”.
Libarona añadió que “Naciones Unidas no tiene la autoridad para revisar si alguien puede participar o no en un acto electoral, de lo contrario, todos terminaríamos en la ONU”. Finalmente, subrayó: “De ninguna manera la decisión de la ONU tiene poder imperativo en el ámbito doméstico de nuestro país”.
