Esta resolución fue celebrada por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), encabezado por Graciela Aleñá, quien recientemente expuso ante la mesa ejecutiva del Parlamento sobre la crítica situación que afecta a Vialidad Nacional y cómo la falta de financiamiento impacta negativamente en las rutas del país.
La reunión incluyó a legisladores de las diez provincias que componen el Norte Grande y contó con la presencia de secretarios generales de las seccionales sindicales regionales, quienes compartieron la situación vial en sus respectivas áreas.
A raíz de esta exposición, el Parlamento decidió respaldar el reclamo y exigir “el cese del ahogo financiero” que sufre la Dirección Nacional de Vialidad, así como también demandar “el ingreso directo de los recursos a la Dirección Nacional de Vialidad”.
El planteo del sindicato se centra en el financiamiento del organismo que se encarga de mantener las rutas nacionales. Según lo expuesto por STVyARA, el Gobierno nacional ha retenido los fondos del impuesto a los combustibles, que integran el Sistema Vial Integrado (SISVIAL) y que, según el gremio, deberían ser utilizados para la planificación, construcción y conservación de la red vial del país.
En su exposición, el sindicato subrayó que el desfinanciamiento de la DNV está generando un deterioro progresivo de las rutas nacionales, lo que pone en riesgo la seguridad vial y la conectividad entre las provincias.
El Parlamento del Norte Grande tomó nota de esta inquietud en su pronunciamiento, manifestando su preocupación por el “gran deterioro de las rutas nacionales” y el desfinanciamiento del organismo, considerando que esto pone en peligro “la conectividad productiva y la seguridad vial”.
Una vez conocida la resolución, Aleñá destacó el apoyo político recibido y señaló que esto representa un avance significativo para la lucha que llevan adelante los trabajadores viales. “Nos devolvieron la esperanza de que luchando y trabajando con la política en forma conjunta, y siempre de cara a nuestros trabajadores, podemos ganar esta batalla”, afirmó la dirigente sindical, agregando que “volvimos a demostrar que nuestra voz retumba donde tenía que escucharse”.
Durante su intervención ante los legisladores, la titular del sindicato cuestionó la política de financiamiento aplicada a Vialidad Nacional. “Desfinanciar Vialidad Nacional no es ahorrar”, puntualizó Aleñá, advirtiendo que esa decisión significa que “el costo se pague con la sangre de los muertos y la pobreza de los pueblos y comunidades de todo el país”.
En el documento entregado al Parlamento, STVyARA aseguró que tras 30 meses de gestión del Gobierno nacional, “las rutas nacionales se encuentran sin mantenimiento, deterioradas y próximamente intransitables”. Además, el sindicato denunció que el Ministerio de Economía mantiene “de forma ilegal” los fondos recaudados a través del impuesto a los combustibles, destinados al mantenimiento, planificación y construcción de las rutas.
Según el gremio, estos recursos superan “el monto recaudado por el período de 2024/2025 en mil millones y 0,6 billones remanentes de años anteriores”.
En el mismo documento, STVyARA argumenta que el Gobierno “promociona y convalida el deterioro de la red vial nacional con el fin de mostrar a la sociedad que los trabajadores no mantienen las rutas, y así ceder y concesionar las rutas a las provincias”.
Finalmente, el sindicato concluyó que “el drástico recorte presupuestario de la DNV, sumado al desfinanciamiento que le corresponde por ley, se traduce en víctimas fatales, aislamiento de comunidades del interior y el deterioro del desarrollo productivo en cada provincia”.
Con el respaldo institucional del Parlamento del Norte Grande, la solicitud de financiamiento para Vialidad Nacional ha obtenido un nuevo apoyo político y ha reavivado el foco sobre el estado de las rutas nacionales y la gestión de los recursos destinados a su mantenimiento.
