Luis Emilio F. M. ocupó el cargo entre abril de 2021 y enero de 2024. La fiscal Ana Inés Salinas señala que él es el principal sospechoso del delito, mientras que su esposa, R.G.D., y su cuñada, J.G.D., han sido imputadas como coautoras necesarias.
En virtud de esta acción, la Oficina Judicial deberá designar al juez correspondiente y convocar a una audiencia de control para determinar si la causa está lista para ser elevada a juicio.
La investigación se inició tras una denuncia presentada el 24 de mayo de 2024 por el Procurador General de la Municipalidad de Salta. Según la Fiscalía, el acusado habría participado en contratos con proveedores relacionados con su propio círculo familiar, generando así un conflicto de intereses en la gestión de fondos públicos.
La información proveniente del Ministerio Público Fiscal indica que ambas mujeres se convirtieron en proveedoras del organismo poco antes de las operaciones en cuestión, pese a no contar con antecedentes comerciales ni experiencia previa en el sector. Las contrataciones realizadas con la esposa del imputado suman $48.833.755,34 y con su cuñada alcanzan $7.739.180, conforme a la documentación contable presentada en el expediente.
La Fiscalía sostiene que parte de los insumos facturados no habrían llegado al organismo ni registrado en el inventario. Un informe del Gabinete de Delitos Económicos del Centro de Investigaciones Fiscales detectó faltantes de productos por montos millonarios, estimando un daño que supera los $150 millones en uno de los casos analizados. Entre los principales faltantes se encuentran grandes cantidades de harina y dulce de leche.
Además, se identificaron discrepancias entre los precios pagados y los valores de mercado en la compra de ciertos insumos. También se encontraron compras de materias primas en volúmenes superiores a los requeridos, sin que el excedente fuera documentado o registrado.
La hipótesis fiscal indica que Luis Emilio F. M. autorizaba tanto las contrataciones como los pagos cuestionados, mientras que las proveedoras habrían participado en el ciclo de facturación de las operaciones bajo investigación. Para las autoridades, este accionar conjunto habría facilitado el desvío de fondos públicos a través de compras sobrefacturadas y mercadería que nunca ingresó al organismo, además de operaciones incompatibles con las responsabilidades que conlleva su cargo.
Por otro lado, una auditoría interna del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados reveló una red de fraude sistemático en prestaciones oftalmológicas y ópticas en diversas provincias, con al menos cinco modalidades que incluyen desde la sobrefacturación de anteojos hasta el cobro por prestaciones que no existen. Los datos revelan anomalías a partir del análisis del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas y relevamientos prestacionales en varias provincias.
Los proveedores facturaban lentes de baja graduación como si fueran de alta graduación, multiplicando su precio hasta por cinco. También se identificaron prestaciones fantasma, tales como consultas sin historia clínica ni estudios realizados, alcanzando hasta el 50% de las órdenes sin respaldo clínico. Se constataron manipulaciones en códigos de facturación y cobros indebidos a afiliados por servicios que debían ser gratuitos. En algunos casos, el prestador cobraba al afiliado y a la vez al PAMI, sumando montos de hasta USD 1.500 y $353.500 por lentes que deberían estar cubiertos.
La auditoría documentó varios casos específicos, como 606 situaciones de sobrefacturación en Santiago del Estero, causando un perjuicio de $10,4 millones, y concentrando el 95% de las recetas en una óptica vinculada con el médico prescriptor. En Mar del Plata, se encontraron 58 prestaciones sin historia clínica, y en Entre Ríos, un solo profesional sobrefacturó 613 casos, de los cuales 151 no tenían historia clínica y 16 recetas carecían de dioptrías. En Concordia, se agruparon 830 casos en torno a un único médico.
“Esta gestión no encubre, investiga y denuncia. Hay un mandato claro de sanear el sistema y erradicar los abusos”, afirmaron desde el organismo. Actualmente, existen al menos seis causas judiciales activas impulsadas por el Instituto y la Unidad Fiscal Especializada ante la Justicia Federal en distintas jurisdicciones.
