De acuerdo con el comunicado oficial del ministerio, se destinarán fondos a las universidades para elevar la masa salarial en un 21,33% a partir de junio —sobre los salarios básicos vigentes a mayo de 2026—, y se añadirá un 3% adicional en octubre, sobre los básicos de septiembre.
En cuanto al presupuesto, se actualizarán en un 20% los gastos de funcionamiento de las universidades públicas desde junio de 2026. También se asignará un incremento de $ 50.000.000.000 a la partida destinada a hospitales universitarios para este año. Asimismo, se aplicará una actualización del 50% en el Programa Becas Manuel Belgrano, que también comenzará en junio.
El acuerdo estipula, además, la garantía de fondos de capacitación para las organizaciones gremiales y la obligación de las universidades de rendir cuentas sobre los fondos asignados conforme a la legislación vigente.
Este pacto se produce tras un prolongado conflicto centrado en la Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobada por el Congreso, pero que el Gobierno había resistido judicialmente y mediante decreto.
Desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2026, los salarios de los docentes experimentaron un aumento del 178%, mientras que la inflación acumulada alcanzó el 293%, resultando en una pérdida real del poder adquisitivo de alrededor del 29%, cifra que llegó al 33% en los momentos más críticos de 2024.
Este deterioro tuvo un impacto tangible en el sistema universitario: según el CIN, más de 10.000 profesionales abandonaron sus puestos en respuesta a los recortes. Por otro lado, el presupuesto destinado al sistema universitario disminuyó del 0,72% del PBI en 2023 al 0,47% proyectado para 2026, lo que implica una caída real del 45,6% en las transferencias.
La situación salarial alcanzó niveles insostenibles. Un profesor titular con dedicación simple recibió en mayo de 2026 un monto bruto de apenas $ 593.355, cifra que no cubrió la Canasta Básica Alimentaria de marzo de 2026, que el INDEC estipuló en $ 658.011.
