En el marco de la pesquisa sobre el lanzamiento del activo digital $LIBRA, el fiscal federal Eduardo Taiano solicitó a un organismo especializado que profundizara en la investigación de estas y otras transferencias realizadas el 3 y el 13 de febrero, cuyo monto total asciende a aproximadamente 4.780.100 dólares.
La respuesta de este organismo llegó a mediados de abril, ocho meses después de que Taiano hiciera la solicitud. En un informe breve, la UFECI, unidad dedicada a investigar delitos cibernéticos bajo el Ministerio Público, reconoció no tener la capacidad material para llevar a cabo el análisis requerido de las billeteras virtuales. Afirmaron que actualmente no contaban con las herramientas tecnológicas y las “licencias” necesarias para avanzar, prometiendo notificar cuando estuvieran disponibles.
El fin último de un estudio forense como este es desentrañar el anonimato de la blockchain, la red donde se registran estas transferencias, y así identificar quiénes participan en la cadena de dinero de un activo determinado.
En el caso de $LIBRA, la Justicia logró rastrear el dinero hasta el jubilado Mellino y también a Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy, quienes, entre enero y febrero de 2025, recibieron de Davis más de 730.000 dólares digitales, según lo establece el expediente.
La solicitud de Taiano, impulsada por una de las partes denunciantes, respondía a la gran cantidad de cuentas con actividad notable en este entorno digital cuyos propietarios aún no se conocen.
La UFECI, liderada por el fiscal Horacio Azzolin, desempeñó un papel clave en la investigación, reforzando la hipótesis de la existencia de un flujo de “información privilegiada” antes del lanzamiento de la moneda.
Con recursos de los que ahora carece, la unidad había identificado un grupo específico de 74 billeteras virtuales que adquirieron de manera masiva el activo en momentos cruciales. Estas compras, por un total superior a 13 millones de dólares, tuvieron lugar durante los 22 segundos previos a un tuit de Milei, que se encontraba al teléfono con Novelli, quien, a su vez, estaba en Estados Unidos junto a Davis.
La publicación del presidente fue el impulso que hizo público el activo. Con el repentino ingreso del público general, el precio se disparó, seguido por un retiro de fondos que culminó con el colapso de la moneda.
La UFECI logró identificar a este grupo de billeteras “privilegiadas” -sin saber a sus propietarios- gracias a una “demo” de un software avanzado, utilizado tanto en el sector privado como en instituciones públicas para rastrear transacciones con criptoactivos e identificar flujos de fondos. Tuvieron acceso a una versión gratuita del software, comúnmente ofrecida por las empresas para promocionar sus productos.
Sin embargo, esa versión gratuita ha caducado. Aunque la Procuraduría trabaja para obtener una licencia paga, hasta el momento carece del producto debido a un estricto “ajuste presupuestario”, según una fuente informada sobre el asunto.
Estas herramientas son costosas. Dependiendo de la versión y del número de usuarios que pueden utilizarlas simultáneamente, los precios oscilan entre 50.000 y 400.000 dólares, según reconstrucciones a partir de fuentes especializadas y licitaciones públicas.
Sin embargo, su uso no es indispensable para llevar a cabo una investigación en criptoactivos, así lo afirmaron investigadores privados, fiscales, miembros de diversas fuerzas de seguridad y abogados especializados en el tema.
La empresa que lidera el mercado en Argentina y en el mundo es Chainalysis. Otras firmas como TRM Labs o QLUE buscan posicionarse con productos similares a precios menores. Todas estas herramientas son útiles para identificar patrones, visualizar y procesar grandes volúmenes de datos y acceder a ciertas bases de datos, coinciden las fuentes, pero ninguna puede reemplazar el trabajo “manual” que se puede y debe desarrollar con herramientas abiertas al público.
“Si bien las herramientas premium son muy efectivas, es totalmente posible realizar investigaciones de calidad con recursos gratuitos”, sostiene Denis Banchero, consultor externo. En sus cursos en la ONU y en otros entornos, enseña el uso de una amplia variedad de estas herramientas. “Es completamente posible hacer trazabilidad de criptoactivos con herramientas gratuitas -asegura-. Cuantas más herramientas utilice el investigador, mejor será, ya que cada una ofrece perspectivas diferentes”.
A través de una de esas herramientas, Arkham Intel, se detectó la transferencia de 499.000 dólares que coincidió con el inicio de la reunión entre Milei, Davis y Novelli en la Casa Rosada. Utilizando la misma herramienta, el especialista Fernando Molina elaboró un gráfico público que muestra gran parte del entramado digital que habría tejido Davis en los días previos al lanzamiento de $LIBRA.
“Es un trabajo arduo, que requiere un mayor nivel de conocimiento”, afirma un fiscal con capacitación en la materia sobre el uso de herramientas gratuitas.
“Las licencias pagas agilizan los tiempos —reconoce otra fuente del sector—. Además, marcan las billeteras que ya fueron vinculadas a ilícitos e indican si una billetera está conectada con otra. Pero también es posible realizar el trabajo de manera manual”.
Fuera de la UFECI, existen otros organismos y fuerzas que sí cuentan con herramientas de pago. El fiscal Taiano decidió dirigir el pedido realizado por el abogado de una de las partes denunciantes, Nicolás Oszust, al Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina.
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires también tiene acceso a esa capacidad técnica. En agosto del año pasado, adquirió una licencia anual de Chainalysis para análisis forense y monitoreo de criptoactivos. Hasta hace poco, esa procuración porteña también ofrecía alternativas, bajo la dirección temporal del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Sin embargo, hace diez días, en medio de una investigación sensible relacionada con activos digitales y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la procuración porteña decidió suspender una licitación lanzada en marzo, a pedido del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, que solicitó “redefinir las necesidades forenses de la contratación”.
