“Somos quienes, con nuestra fuerza de trabajo, ponemos en marcha en cada rincón del país el motor de la Argentina. Quienes, día tras día, sostenemos en alto nuestra bandera para construir una Patria justa, libre y soberana. Marchamos porque, como rezaba Francisco, el trabajo es con derechos o es esclavo. Porque el salario es dignidad y no variable de ajuste”, expresaron representantes de la central obrera en sus redes sociales.
Por otro lado, el Consejo de la Magistratura ha convocado para el mismo jueves a la Comisión de Selección, que se encargará de discutir los concursos destinados a reemplazar a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, miembros de la Cámara Federal de Buenos Aires. Este tribunal tiene un rol crucial en los casos de corrupción, siendo responsable de avanzar con las causas o frenar su progreso.
De acuerdo con lo que se anticipó la semana pasada, se ha dado inicio a la reconfiguración de la mitad de este tribunal esencial, pues el magistrado Martín Irurzun alcanzará los 75 años el 18 de julio, y se espera que el Gobierno envíe a su pliego al Senado para una nueva autorización por cinco años. Sin embargo, hay indicios de que podría optar por jubilarse.
Este movimiento judicial enfatiza la intención del Gobierno de reformar el sistema de justicia a su favor, contrariamente a lo que sucedió durante los primeros dos años de la administración de Javier Milei, periodo en el que no se presentó ningún pliego al Senado. La llegada de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia, el pasado 5 de marzo, indica un cambio significativo en esa dirección.
Asimismo, antes de iniciar su licencia hasta mediados de mayo, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi accedió a las pruebas solicitadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para avanzar con una investigación contra Andrés Vázquez, quien ocupa la presidencia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Este se encuentra bajo sospecha de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión fiscal.
Las medidas de prueba solicitadas por la PIA incluyen una serie de requisitorias a organismos públicos y privados en Argentina, así como la gestión de exhortos a otros países. Se investiga la firma Consultora San Andrés como un posible frente de operaciones encubiertas, así como la subvaluación de un tríplex en el edicio Los Molinos Building, un proyecto de Faena Properties en Puerto Madero. También se examina el circuito financiero que conecta Argentina, Miami y los Emiratos Árabes.
A pesar de esto, el juez Martínez De Giorgi aún no ha establecido una fecha para la citación a indagatoria de Vázquez, pese a la solicitud del fiscal Sergio Rodríguez, quien argumentó que “sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada.”
