La Argentina finalmente presentó un escrito a la jueza Loretta Preska, de los tribunales de Nueva York, en el que hace su propio cálculo sobre la sentencia adversa por la expropiación de YPF. Según el fallo establecido por la magistrada, el país estimó que debería pagar US$15.100 millones, es decir, US$1000 millones menos de lo que piden los demandantes.
El fondo Burford Capital le compró a la familia Eskenazi (que era accionista minoritaria de la compañía al momento de la estatización) el juicio contra la Argentina por la expropiación de YPF y calculó que el país debe pagar US$16.097 millones hasta ayer. Al mismo tiempo, denunció que el Gobierno se negaba a participar de la redacción del fallo definitivo de la jueza Preska.
A última hora del jueves, la Argentina presentó un escrito en el que desmintió que no quisiera participar de la redacción de la sentencia firme e hizo su propuesta de indemnización a Burford, en los términos que ya pautó la jueza Preska.
“Las partes deben participar de la redacción del fallo definitivo y hacer sus proposiciones a la magistrada. Si Argentina no lo hacía, la jueza podía tomar en cuenta solamente la propuesta de Burford. Ahora, tendrá que tomar ambas e interpretar cuál es la cifra más adecuada”
Y aclaró: “Este número no es, de ningún modo, una propuesta de pago de la Argentina ni significa que el país resigne la posibilidad de apelar. Simplemente, está cumpliendo con la norma de hacer su cálculo a partir de las pautas que fijó la jueza Preska”.
Durante el juicio, la Argentina solo reconoció daños por US$4920 millones. Incluso, la vocera presidencial Gabriela Cerruti, ya anticipó que el Gobierno planea apelar la sentencia.
La diferencia entre las propuestas presentadas ante los tribunales estadounidenses, de unos US$1000 millones, puede parecer escasa dados los grandes números que se manejan. Sin embargo, Maril indicó que es mayor porque a partir de ese monto se calcularán los intereses a tasa variable (esta semana es 5,4%) que estableció Preska.
La jueza tendrá que decidir ahora el monto final de la sentencia firme y puede hacerlo en los próximos días o esperar a que se defina el panorama electoral, de modo tal que el próximo gobierno tome la decisión sobre la estrategia judicial de los próximos cuatro años.
Si bien quedan instancias de apelación, el fondo demandante podría embargar bienes argentinos en el exterior si el Gobierno opta por dilatar el pago. Algo similar a lo que sucedió en 2012, cuando se retuvo a la Fragata Libertad en Ghana por las deudas impagas del país.
Por otra parte, si la Argentina decidiera pagar para terminar el litigio, podría hacerlo mediante una colocación directa de bonos a Burford. Esa fue la alternativa que tomó en 2014, cuando el entonces ministro de Economía Axel Kicillof le pagó a Repsol por el 51% de las acciones de YPF expropiadas dos años antes.
